La mañana de este jueves, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó lo que se espera sea la maratónica formalización de 11 imputados en el denominado caso Sartor, causa en la que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente indaga presuntos delitos de estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, administración desleal, lavado de activos y fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones.

En la instancia, tal como adelantó este medio, la fiscal regional Lorena Parra junto a los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, precisarán los antecedentes que manejan para fundamentar los ilícitos imputados y el grado de participación por los que persiguen a exaccionistas y directivos del grupo financiero.

Cada uno de ellos, junto a sus respectivas defensas, debían llegar con antelación al Centro de Justicia, en Avenida Pedro Montt, y la mayoría lo hizo sabiendo qué medida cautelar solicitarían los persecutores a su respecto.

De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, tras la respectiva formulación de cargos, el Ministerio Público pedirá al menos respecto de cinco de los imputados prisión preventiva. Y para los otros seis, se solicitará arresto domiciliario, ya sea total o parcial.

De esta forma los persecutores pedirán la medida cautelar más intensa en el caso de Pedro Pablo Larraín Mery, para su hermano Carlos Larraín Mery, para Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez Astete.

Si bien el principal foco de interés está puesto en los antecedentes que expondrán los fiscales respecto de los hechos indagados y la argumentación que harán para sustentar la solicitud de cautelares, también existe expectación respecto del recinto carcelario donde podrían ingresar los imputados en caso de que el tribunal acceda a decretar prisión preventiva para algunos de los imputados.

Esto último, principalmente, porque el recinto donde habitualmente ingresan sujetos formalizados por delitos económicos y de alta connotación pública, el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, no tiene espacio disponible para albergarlos a todos.

Dicho recinto, ubicado a un costado de la ex Penitenciaría, tiene una capacidad para albergar a 16 reos distribuidos en cuatro celdas. De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, actualmente ya hay 15 internos haciendo uso de las instalaciones.

Entre ellos, se encuentran los imputados por soborno y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos Herrera, y también el exdirector de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, condenado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

A ellos se suma el exfiscal regional Manuel Guerra, imputado por cohecho, prevaricación y violación de secreto tras contactos ilícitos con Luis Hermosilla; el exdiputado Joaquín Lavín León, indagado por fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, e ilícitos relacionados con el uso y comercialización de datos electorales; el exjuez tributario Oscar Meriño, ligado a un caso de corrupción; el exgendarme condenado por torturas Miguel Carrasco, e igualmente José Antonio Pavez Canesa, presunto líder del megafraude tributario.

A esa lista de internos de Capitán Yáber se suman Patricio Benítez Aedo; Edgar Camelo León, imputado por la emisión masiva de licencias falsas; Jaime Cristi Alfonso, condenado por delito concursal de fraude con facturas; Ariel Glasner Olmedo, imputado por delitos de estafa reiterada; y Luis Silva Durán, ligado como imputado a un caso de corrupción en Carabineros.

Por lo mismo, hoy sería materialmente imposible que, de decretarse la prisión preventiva de varios imputados, puedan ser conducidos a Capitán Yáber.

De hecho, hace sólo algunas semanas, Gendarmería rechazó trasladar al establecimiento al exmano derecha del exdiputado Lavín León, Arnaldo Domínguez. “El recinto solicitado actualmente no contaría con plazas disponibles para albergar a más población penal”, se lee en una comunicación firmada por Gendarmería el pasado 9 de julio.

De esta forma, y en atención a resoluciones anteriores que disponen los diferentes tribunales de Santiago, los imputados podrían ser ingresados al penal Santiago 1, como fue el caso, en primera instancia, del abogado Luis Hermosilla.