Pasadas las 10 de la mañana comenzó la masiva audiencia de formalización de los 11 imputados por el caso Sartor. A la audiencia acudieron más de 50 abogados de los ejecutivos acusados, querellantes de los aportantes de los fondos de inversión y los fiscales acusadores. Se espera que la formalización continúe por varios días.

En la audiencia, el Ministerio Público distribuyó a las defensas y querellantes una minuta de 87 páginas que detalla las acusaciones contra los imputados. De acuerdo a ese escrito, la Fiscalía imputó los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa, apropiación indebida, fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato Simulado.

Los formalizados son el ex controlador de Sartor Group, Pedro Pablo Larraín Mery, y los ex directores y ejecutivos de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García y Carlos Larraín Mery; además de Sergio Yáñez Astete y Hugo Baranda, ambos ligados al factoring Emprender Capital, empresa vinculada a Sartor.

En el detalle de las acusaciones, Pedro Pablo Larraín Mery enfrenta cargos por cinco delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa y apropiación indebida. Por su parte, su hermano Carlos enfrenta cargos por administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa. Para ambos la fiscalía pretende pedir la medida cautelar de prisión preventiva.

En cuanto al resto de los imputados, el Ministerio Público detalló diversas acusaciones según su grado de participación en las operaciones. Específicamente, Michael Mark Clark Varela es acusado seis delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado.

Por otro lado, Alfredo Ignacio Harz Castro y Rodrigo Eduardo Bustamante García enfrentarán cargos por cuatro delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa.

Asimismo, a Óscar Alejandro Ebel Sepúlveda, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés Raczynski y Juan Carlos Jorquera Salhus se les imputará tres: administración desleal, entrega de información falsa y negociación incompatible.

El ex gerente general de ECapital, Sergio Yáñez, y Hugo Baranda son acusados de administración desleal, entrega de información falsa y estafa.

Además de los hermanos Larraín, la fiscalía pedirá la cautelar más gravosa para Michael Clark, Bustamante y Sergio Yáñez.

El “Modus Operandi”

Según la minuta de la Fiscalía, los ejecutivos estructuraron un esquema donde los Fondos de Inversión Públicos, regulados y financiados por terceros, invertían su dinero en Fondos de Inversión Privados. A su vez, estos fondos privados eran utilizados como fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los mismos directores de Sartor.

Al actuar de esta forma, priorizaron el beneficio de sus propias empresas por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos, provocando un perjuicio que asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271. Sumadas ambas cifras, al dólar de hoy, el perjuicio asciende a unos US$ 191 millones.

“Mediante dicho esquema se defraudó a inversionistas, personas jurídicas y naturales, pues se aparentaba una correcta administración de los respectivos fondos, ello mediante la entrega de información falsa tanto a los aportantes como al mercado en general y así como al ente regulador, ya que en la práctica no se informó la existencia de conflictos de interés manifiestos”, consignó la minuta.

En su escrito, el Ministerio Público detalló una serie de operaciones fraudulentas realizadas para mantener a flote negocios personales con dinero de terceros. En primer lugar, destacó el rescate de Emprender Capital, un factoring ligado al imputado Sergio Yáñez que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando pagos, para luego, a través de la sociedad Danke SF SpA creada por Pedro Pablo y Carlos Larraín, tomar el control de la empresa. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.

En segundo lugar, se expuso el caso del proyecto inmobiliario en Miami, donde se utilizaron más de US$33 millones del Fondo Táctico Internacional para financiar la iniciativa One River Point, hoy conocida como Faena Residences, en Estados Unidos. A través de una compleja red de sociedades intermedias, como CEPSA y Downtown Investments LLC, Pedro Pablo Larraín quedó con el control exclusivo del proyecto, mientras que el fondo de inversión público fue excluido de los beneficios reales del activo, quedando respaldado solo con pagarés sin garantías reales equivalentes al monto comprometido, acusa la Fiscalía.

Asimismo, se mencionaron financiamientos irregulares a Autofidem y Redwood Capital. En el primer caso, se otorgaron líneas de crédito millonarias a Autofidem, sociedad vinculada a Pedro Pablo Larraín y Michael Clark, las cuales se renovaban sistemáticamente pese a no ser pagadas.

La minuta de la fiscalía detalló que la sociedad Redwood Capital, propiedad de Michael Clark, recibió $875 millones, dinero que fue utilizado para comprar un bono devaluado, denominado bono Nexus, y luego revenderlo a un precio mayor a otro fondo administrado por Sartor.

“Michael Clark no solo aprovechó su posición como director en Sartor AGF para inyectar financiamiento a un instrumento depreciado sino que, además, usó su sociedad Redwood Capital Spa como un vehículo intermediario para obtener una utilidad impropia“, consignó la minuta.

Azul Azul

Uno de los puntos más llamativos de la formalización involucra al club de fútbol Universidad de Chile. En abril de 2021, el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. mediante un proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones. La Fiscalía logró acreditar que el dinero utilizado para esta millonaria compra provenía en realidad de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección, los cuales fueron triangulados a través de la sociedad Inversiones Cerro El Plomo.

El caso escaló en diciembre de 2024. Tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la administradora Sartor, el imputado Michael Clark Varela simuló la compra del 100% de las cuotas del FIP Tactical Sport a través de su propia sociedad, Inversiones Antumalal, dice la Fiscalía. Esta maniobra, según la argumentación del Ministerio Público, buscaba evitar que los inversionistas estafados y los acreedores pudieran embargar las acciones del club deportivo.

“El imputado Michael Clark Varela evitó que los aportantes de los fondos de inversión públicos de Sartor AGF S.A. pudiesen recuperar los montos de dinero invertidos en los fondos Sartor, así como también que otros acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. puedieran ejecutar sus créditos”, consignó la Fiscalía en su minuta.

El mismo esctrito de la Fiscalía detalló que “los antecedentes que constan en la carpeta investigativa permiten presumir fundadamente que la referida transacción, realizada en vulneración a lo establecido en la ley 18,045, consistió en un intento de desvincular al FIP Tactical Sport de Sartor S.A.; Sartor AFIP, Sartor AGF y en general del Grupo Sartor, en el contexto del proceso de investigación llevado a cabo en ese momento por parte de la CMF, así como, una forma de evitar que la simultánea celebrada entre Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y BCI Corredora de Bolsas fuera cobrada con las acciones de Azul Azul S.A".

Contratos

A medida que el grupo financiero se quedaba progresivamente sin liquidez hacia el año 2023, los ejecutivos decidieron masificar la venta de un producto no regulado llamado Contratos de Asociación para Inversiones, conocidos por sus siglas como CAI. Bajo engaño, los acusados convencieron a múltiples víctimas de retirar su dinero de los fondos regulados por la autoridad para traspasarlos a estos contratos, prometiéndoles altas tasas de interés fijo y una mayor flexibilidad para el rescate de su dinero, dice el Ministerio Público.

La minuta de la fiscalía consignó que estos dineros captados se utilizaron como una caja interna para tapar los déficits operacionales de Sartor y realizar préstamos a sociedades vinculadas sin ningún tipo de garantías. Cuando la CMF ordenó la suspensión de los rescates, los inversionistas descubrieron que habían perdido la titularidad de sus cuotas y que su dinero se había esfumado, quedando reducidos a simples acreedores de una sociedad matriz desprovista de fondos, configurándose de esta manera los delitos de estafa y apropiación indebida, afirma el Ministerio Público.