Ayer se cumplió el plazo para que los extranjeros que ingresaron a Chile por pasos clandestinos solicitasen al gobierno su regularización migratoria. Según lo dicho por el Ejecutivo, no habrá prórroga para estas personas y el proceso extraordinario continuará adelante en los próximos sesenta días solo para aquellos indocumentados que posean visados vencidos.

En La Moneda han sido enfáticos en asegurar que todas las personas que no acudieron a esta instancia y permanezcan en Chile de forma irregular arriesgan ser expulsadas del país. Un escenario que no ha sido cuantificado por el Ministerio del Interior, organismo que calcula que los extranjeros irregulares son entre 350 y 400 mil. Según cifras de gobierno, más de 120 mil personas solicitaron su regularización. No obstante, niegan tener estimaciones sobre cuántos de ellos están en el grupo de individuos que entraron por pasos no habilitados.

Según explicó la jefa de la Unidad Jurídica del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Gabriela Cabello, "la única sanción que establece la ley para personas que ingresan de forma clandestina al país es la expulsión", aunque, agrega, "no sin someterse al proceso ordinario de sanción".

En la actualidad, el procedimiento se inicia en la PDI con la detención y posterior denuncia del individuo al Ministerio del Interior, para que este resuelva. Luego se presenta un requerimiento judicial, el cual es desistido por los tribunales para avanzar en la sanción administrativa, y después de esa etapa se procede a la expulsión. "El proyecto de ley simplifica estos aspectos, al no considerar el ingreso clandestino como delito, sino como infracción", agregó la abogada.

Pese a descartar que a partir de hoy se inicie una "cacería de brujas" en contra de los indocumentados, desde la Policía de Investigaciones (PDI) advierten que sí culmina la "tregua" que se había mantenido durante los 30 días que duró la primera etapa del proceso extraordinario. E indicaron que a partir de hoy se retomarán las fiscalizaciones a inmigrantes en esta situación.

"En este tiempo hemos frenado la fiscalización por cuanto está el proceso de regularización. Pero estamos reactivando los servicios. Desde mañana habrá denuncias directas al DEM sobre personas que entraron por ingresos clandestinos, para que ellos resuelvan en esta materia", indicó el subprefecto Cristian González, jefe de la plana mayor de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (Jenaex).

En palabras del subprefecto, no se trata de una "fiscalización indiscriminada" toda vez que las inspecciones se desarrollan en lugares estratégicos y a partir de análisis que permiten seleccionar zonas en que se logre una alta efectividad.

"Principalmente acudimos a lugares donde hayan centros de reuniones de extranjeros o aquellos denunciados por posibles ilícitos. También vamos a asentamientos y hospederías que conocidamente albergan a extranjeros de forma irregular", señaló el funcionario de Jenaex.

Desde el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) aseguran que se debe evaluar cada caso, dado, por ejemplo, que no todos los inmigrantes se enteraron del proceso.

"Hay que atender las distintas situaciones y tener criterios con margen. No debe ser algo a rajatabla. Puede haber una perspectiva diferente para las personas que tienen familias y llevan muchos años en Chile", indicó José Tomás Vicuña, director nacional del SJM.