En el Partido de la Gente (PDG) las aguas están agitadas. Si bien durante las últimas horas han celebrado el retorno del diputado Roberto Arroyo -con lo que recuperaron su bancada de 14 parlamentarios en la Cámara-, el ambiente en la colectividad ha estado cruzado las últimas semanas por las indagaciones que lleva el Ministerio Público en contra de su máximo representante, Franco Parisi, y de exdirectivos de la colectividad.

La primera causa se remonta a 2024, y se abrió luego de que la exdiputada Karen Medina y otros militantes denunciaran irregularidades que afectarían el acto de constitución del partido, de 2021.

Medina advirtió que habría existido falsificación de firmas en la documentación entregada al Servel, lo que provocó que Patricia Cerda, fiscal del equipo de Alta Complejidad Centro Norte que lidera Ximena Chong, pusiera su mirada sobre el extimonel del partido Luis Moreno y del exadministrador general de fondos de la colectividad Miguel Azar.

En base a las pesquisas que se realizaron, de acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, se ha podido establecer que efectivamente habría una firma que fue falsificada, y que corresponde a la de Marjorie Catalán, militante que integró el Tribunal Supremo de la colectividad.

“Al acta de proclamación del Tribunal Supremo que supuestamente declaró la directiva del Partido de la Gente y que da cuenta de un proceso eleccionario para estos efectos, realizado supuestamente el 5 de agosto de 2021 es absolutamente falsa (…). En mi calidad de miembro del Tribunal Supremo Provisorio nunca sesionamos. Nunca estuve en ese lugar y no firmé ningún tipo de documento”, declaró en su momento Catalán según consignó Ex-Ante.

Pero aunque la firma no fue estampada por ella misma en los documentos, ella sí había aceptado el cargo, por lo que inicialmente -según conocedores del proceso- los investigadores han descartado perjuicio y, por el momento, no han zanjado hacer imputaciones formales.

Además, la normativa electoral da un plazo de seis meses para que se controvierta un acto como el reclamado, por lo que tampoco se configuran los presupuestos para que pudiese impugnarse la constitución tanto tiempo después.

Sin embargo, las diligencias desplegadas por la Fiscalía, en coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), derivaron en que bajo esa misma causa se abriera una arista vinculada a eventuales delitos de lavado de activos, como reportó Mega hace algunos días.

De acuerdo con fuentes que están al tanto del caso, entre las personas a quienes se le tomó declaración hubo militantes que declararon que vieron a personeros de la formación política quemar cartolas bancarias de cuentas del partido.

Según los testimonios de los mismos denunciantes, la quema de cartolas habría ocurrido porque supuestamente se pretendía eliminar evidencia respecto de desvíos de dineros que se habrían estado realizando. O así al menos lo manifestaron haciendo referencia a que esa fue la respuesta que se les dio cuando hicieron las consultas correspondientes.

Así es como surgieron las sospechas en torno a otros ilícitos, pues de ser ciertos los antecedentes, se estaría frente a un posible delito de fraude de subvenciones, que es el ilícito base del lavado de activos que persigue el Ministerio Público.

Fuentes vinculadas a las pesquisas, eso sí, no ocultan sus suspicacias en torno a la denuncia, pues quemar cartolas bancarias sería bastante poco útil si se quisiera eliminar información. Los antecedentes que están ahí se mantienen en poder de las entidades bancarias por al menos seis años.

El escenario descrito llevó de todas maneras a la fiscal Cerda a ordenar nuevas diligencias. Se alzó el secreto bancario de las cuentas del PDG y, entre otros análisis, se encargó un peritaje patrimonial acabado respecto de las cuentas para así evidenciar si había o no desvíos de dinero, o si pudieron haberse usado fondos del partido en cuestiones que no correspondían.

Junto con ello, se ofició a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) para conocer de eventuales reportes en torno a exdirectivos de la colectividad. Entre ellos, Parisi, el máximo representante de la misma.

Hasta ahora, eso sí, no hay indicios contundentes en base a los que el Ministerio Público esté evaluando formalizar la causa, y tampoco los antecedentes han llevado a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) emprenda acciones.

La entidad que preside la consejera Ana María Hübner recibió los antecedentes vía oficio de la Fiscalía en 2024 y hasta ahora -según fuentes consultadas-, sólo mantiene la causa en análisis.

Además, la Fiscalía tiene presente que los balances de 2021 y 2022 fueron aprobados por el Servel y no se ha hecho reparos al respecto.

Pese a eso sí existen interrogantes en torno a los fondos de 2023 y 2024 y que, en suma, alcanzan los $ 1.400 millones. Si hubiese existido desvío de dineros, ese es el bolsón de plata del que habrían salido.

Al abordar la indagación por lavado, Parisi comentó a CNN: “No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”.

Balances cuestionados

La causa vinculada al desvío de fondos, de todas maneras, no es la única que complica al PDG por estos días.

A raíz de antecedentes detectados por el Servel, el organismo denunció ante el Ministerio Público eventuales irregularidades, como una serie de incumplimientos relacionados con operaciones bancarias y, entre otras cuestiones, pagos de arriendos sin respaldo.

Producto de ello, el fiscal nacional derivó los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, donde se resolvió que la indagación también quedará a cargo de la fiscal Cerda.

Al igual que en la causa anterior, Azar se posiciona como el principal foco de interés. Entre los gastos que no han podido ser acreditados, por ejemplo, aparecen contrataciones de servicios con sociedades vinculadas a él.

Asimismo, entre los antecedentes consta un cheque emitido a nombre de Azar, cobrado por caja, pero que en función de los datos entregados por el partido, el Servel no ha podido establecer el destino real de los fondos.