“En este contexto de vínculos entre funcionarios o exfuncionarios públicos con la Fundación ProCultura adquiere relevancia respecto de Gabriel Boric Font la diligencia solicitada (intervenir su teléfono) y, especialmente, a propósito del resultado de una serie de diligencias investigativas que se han llevado a cabo respecto de los convenios de transferencia de recursos del Gobierno Regional de Magallanes y que justificarían su necesidad”.

Así reza una parte de la solicitud que hizo el fiscal regional de Coquimbo –Patricio Cooper– durante noviembre ante el Juzgado de Garantía de Santiago para interceptar –o, en jerga coloquial, “pinchar”– el teléfono del Presidente Boric por un plazo de 60 días en el marco de la investigación a la fundación creada por Alberto Larraín.

Sin embargo, el tribunal rechazó esa solicitud y Cooper volvió a la carga días después vía reposición; aunque también fracasó en su segundo intento.

En los argumentos, el tribunal invocó el artículo 222 del Código Procesal Penal, que restringe su uso a cuando haya “fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella prepara actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen”.

Eso sí, el fiscal logró escuchar una conversación del Mandatario, pero interceptando el teléfono de Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín.

La medida intrusiva que “afectó” al Presidente levantó críticas del Frente Amplio, que acusó que el fiscal buscaba “desprestigiar al Mandatario”. “El fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa”.

Pero, más allá de dicha situación, en el marco de esta indagatoria el Ministerio Público no solo ha requerido la interceptación de las comunicaciones de Boric y Huneeus. De acuerdo con la revisión de las distintas solicitudes presentadas en cinco regiones, son 80 las personas que han resultado “pinchadas” durante el último año en la arista ProCultura.

La solicitud de esta medida, hoy envuelta en polémica, es “una cosa de todos los días”, dicen sus conocedores. Sin embargo, para casos que involucran a actores políticos tendría ribetes inéditos.

Los investigados

El primer requerimiento de interceptación tuvo lugar a fines de febrero de 2024, cuando la investigación respecto de la ONG comandada por Larraín aún estaba en manos del hoy suspendido fiscal Carlos Palma. En esa oportunidad, el Juzgado de Garantía de Chillán autorizó la medida intrusiva respecto de 16 sujetos.

Entre ellos estaba Alberto Larraín, la representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, el gobernador Óscar Crisóstomo, la gobernadora subrogante Alicia del Carmen Contreras, otros funcionarios de la ONG y varios funcionarios públicos.

Luego, el fiscal Ricardo Soto Molina, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén, replicó la medida en Magallanes, donde pidieron intervenir los celulares asociados a otras 13 personas. El gobernador Jorge Flies era uno de ellos y también el seremi de Vivienda Marco Antonio Uribe Saldivia, el alcalde de Porvenir José Gabriel Parada Aguilar, el jefe del Circuito Lota Francisco Fuentes, y otros funcionarios.

En abril se solicitó aplicar la misma medida a otros 16 imputados, uno de ellos el gobernador Rodrigo Díaz.

En Antofagasta también hubo solicitudes en la misma línea. En esta oportunidad fue el fiscal Eduardo Yáñez quien requirió interceptar los teléfonos de 18 personas. Y si bien algunos nombres se repetían respecto de requerimientos anteriores, sumaron varios nuevos.

Por ejemplo, a propósito de esa solicitud, se “pinchó” al padre de Larraín Salas, Alberto Federico Larraín Lohmayer, a la cofundadora de ProCultura Ilonka Csillag, a Allan Mix, a María José Maturana, a María Eugenia Sabbagh, al administrador Johny Fabián San Martín, a María Teresa Abusleme y a otros representantes de la ONG. Igualmente, fue producto de esta petición que luego se ratificó la intercepción del teléfono que utilizaba Josefina Huneeus.

Dos semanas después de eso, además, se sumaron requerimientos respecto de 15 personas más, apareciendo por primera vez el nombre de Miguel Crispi entre los imputados a indagar, al igual que su tía Verónica Serrano, quien ejerció como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios.

En Valparaíso, en tanto, se presentó y acogió requerimiento para interceptar los aparatos de 11 funcionarios. Entre ellos el de Ricardo Trincado, exjefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios, del exconsejero regional y pareja de Larraín Sebastián Balbontín, y el de Gonzalo Javier Vega Moreira, ex jefe de gabinete de Felipe Ward cuando este se desempeñó como ministro de Vivienda y Bienes Nacionales durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Ante el mismo tribunal, además, se requirió “pinchar” a 13 sujetos más, en la arista vinculada al Gobierno Regional. Se requirió, ahí, interceptar las llamadas del gobernador Rodrigo Mundaca y del alcalde de La Calera Johnny Piraino, aunque en esta oportunidad la solicitud fue rechazada.

Exfiscales

El exfiscal Carlos Gajardo sabe lo que es investigar delitos relacionados con políticos. En 2015 formó parte del equipo de fiscales de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente que indagó el financiamiento irregular de campañas políticas, principalmente de la UDI, en lo que fue el caso Penta.

Según recuerda, en ningún momento de la investigación se utilizó esta medida. “En general, en las investigaciones por causas políticas no se ha utilizado la herramienta de intercepción telefónica. Por ejemplo, en los casos que me tocó investigar, Penta, SQM y Corpesca, no se utilizó en ninguno de ellos”.

¿Por qué no se utilizó? “En parte, porque en los últimos años ha habido cambios legislativos que han permitido hacer más intensa la persecución en ese tipo de delitos. Por lo tanto, permiten utilizarla de mejor manera”, explica Gajardo.

Quien también participó de las pesquisas en casos de platas políticas fue el exfiscal José Antonio Villalobos: “La herramienta investigativa de la interceptación telefónica no es, en términos generales, tan utilizada por los fiscales, salvo en lo que dice relación con aquellos delitos de tráfico de drogas, donde se utiliza principalmente”.

Por su lado, la exfiscal Ymay Ortiz, quien trabajó 12 años como persecutora en temas de drogas, afirma que la interceptación de teléfonos es “útil, pero cada vez menos, porque quienes cometen delitos casi no hablan por teléfono y lo hacen por otras vías que luego pueden borrarse”.

Ortiz, citando el artículo 19 N° 5 de la Constitución, que resguarda “la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada”, afirma que esta herramienta debiese estar bien fundada, de acuerdo con los requisitos del 222 del Código Procesal Penal. Esto es, que el hecho que se investiga tenga pena de crimen (más de 5 años) y sea por un hecho determinado.

“En el último tiempo se ha visto que, positivamente, se han obtenido antecedentes importantes para las investigaciones a partir de estas solicitudes en otro tipo de delitos, como delitos funcionarios, donde se han investigado fraude al Fisco, cohecho y otras figuras delictivas”, agrega Villalobos.

Villalobos recuerda que, por los años en que se investigó a Corpesca, por ejemplo, la mensajería de WhatsApp no era tan frecuente, por lo que se prefirió pesquisar los correos electrónicos.

Otras fuentes de este diario sostienen que los policías “agradecen” este tipo de medidas, porque les “facilitan las labores” al no tener que estar en las calles, especialmente pesquisando casos relacionados con el mundo narco.

Pero no solo ocurre en casos de narcotráfico. En Limache, en la investigación que busca dar con María Ercira Contreras, quien está desaparecida desde el 12 de mayo de 2024, el fiscal Guillermo Sánchez Psijas solicitó “pinchar” los teléfonos de algunos familiares. “Los fiscales en regiones son más laxos”, dicen conocedores del sistema judicial.

“Un alto porcentaje de esas solicitudes”, dice Villalobos, “son aprobadas por los jueces de Garantía”. “Lo que pasa en este caso es que ocurre un caso muy puntual, que tiene que ver con el Presidente de la República. Me parece que ahí, probablemente, un juez puso mayor atención en cuáles eran los antecedentes que fundaban su intervención”.

El sistema de la PDI

De acuerdo con los antecedentes de la investigación del caso ProCultura, el programa de interceptación de llamados que utiliza la PDI se llama Ego Innova.

La plataforma –dice la página especializada Infodefensa– puede realizar “interceptaciones telefónicas, interceptaciones telemáticas, grabaciones ambientales (microespías) (...), localizaciones y datos GPS y gestiones centralizadas de las actividades administrativas”.

“Ego entrega la posibilidad de escuchar la comunicación mientras se está grabando; referencias temporales precisas a la décima de segundo en el audio grabado; garantía de conformidad de las unidades de archivado respecto al contenido del componente de memorización; posibilidad de clasificar las conversaciones telefónicas por tipo e importancia”.

Desde la PDI subrayaron que “no existe ninguna intervención sin orden judicial”.