El encuentro nacional de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) de este jueves sirvió como una instancia para que las autoridades comunales pudieran comentar las diversas medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast que afectan al municipalismo. La discusión no sólo se trató de la eximición del pago de contribuciones a adultos mayores, sino también respecto de otras medidas, como el anuncio de la cuenta pública sobre un Registro Único de Vándalos e Incivilidades.

La medida será resorte de los ministerios de Seguridad Ciudadana y del Interior y será un registro al que ingresarán personas condenadas por delitos o por incivilidades, como consumir drogas en la vía pública, rayar sin autorización la propiedad pública y privada o destruir equipamiento comunitario, entre otras. Aparecer en ese registro implicará no acceder a beneficios sociales -como la gratuidad o la Pensión Garantizada Universal (PGU)-, pero también a licencias de conducir o pasaportes.

Si bien la medida ha sido valorada como un incentivo para reducir los delitos, también se ha criticado que apuntaría a un segmento socioeconómico en específico, pues restringe beneficios sociales que son mayormente obtenidos por la población vulnerable. En ese debate han estado envueltos los alcaldes, quienes serán parte de las autoridades que deberán involucrarse con este registro.

La Tercera consultó a alcaldes de derecha e izquierda para recoger sus impresiones. El jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos (Ind.), se extiende y dice que la medida “tiene un dejo de clasismo” y que “los beneficios sociales no se entregan a todos: se entregan solo a los más pobres. Los más ricos no estudian con gratuidad, no reciben bonos ni vales de gas. Lo sabemos. ¿Cómo se castigará entonces a los que más tienen, si no se les puede privar de esos beneficios destinados solo a los más vulnerables? El proyecto del gobierno, anunciado con bombos y platillos, está destinado solo a sancionar a los que menos tienen. A nosotros nos molestan enormemente las incivilidades, pero las de todos“.

En Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.) retruca y comenta que “hay que evitar las caricaturas y concentrarnos en el problema de fondo. Lo que estamos discutiendo es cómo hacemos que quienes destruyen el espacio público, generan daños a otros vecinos o alteran la vida cotidiana de las personas tengan sanciones efectivas”.

En tal sentido, añade que “todas las herramientas que permitan avanzar en esa dirección merecen ser estudiadas con seriedad (...). Lo que no puede seguir ocurriendo es que quienes cumplen las reglas terminen pagando los costos de unos pocos que vandalizan, destruyen o afectan la calidad de vida de los demás”.

Uno que conoce el tema es el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind.-UDI), quien ya tiene un registro en su comuna. “Ya castigamos a personas que cometen acciones contra la convivencia pública con quitar beneficios sociales. Son 105 personas que están en este registro de Independencia”. Respecto de si es clasista, la autoridad comunal asevera que de cara a la propuesta del gobierno “es necesario crear castigos adicionales de manera de poder sancionar a personas que no reciben beneficios sociales”.

En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri (RN) dice que “calificar esta propuesta como clasista es equivocarse de debate. Aquí no estamos hablando de personas según su nivel de ingresos, su comuna o su origen. Estamos hablando de conductas. Una persona no entra a este registro por su condición social, sino por participar en actos de vandalismo, violencia o incivilidades que afectan a toda la comunidad”.

De hecho, va más allá y dice que la legislación debiera avanzar hacia la suspensión temporal de determinados beneficios municipales especialmente en casos de reincidencia, como restricciones para acceder a programas, subsidios y beneficios de carácter discrecional administrados por los municipios.

Mientras, el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White (PS), dice que la medida tiene un problema de origen. “Es una idea que tiene un sesgo clasista, la verdad, porque se incluye como medida punitiva quitar los beneficios sociales. ¿Qué beneficios sociales hubiese perdido el joven que el año pasado rompió un grifo en Las Condes? Era un chico sin problemas económicos, de familia acomodada. Entonces, ¿por qué hacer diferencias entre ese joven y un joven de un barrio del Chile B? Además, no puede estar al mismo nivel evadir el pasaje del metro que quemar una micro. Lo que el proyecto busca es sancionar a una persona que tiene una condición social más vulnerable y eso, por decirlo menos, es una medida abusiva”.

En tanto, desde La Reina, José Manuel Palacios (UDI) asegura que “lo importante es la vida segura de las familias. No puede ser que el vecino que trabaja, cumple las reglas y cuida su barrio, vea que quien destruye una plaza, un paradero o mobiliario público, enfrenta pocas o ninguna consecuencia. La señal correcta es que el respeto por la comunidad tiene valor y que el vandalismo tiene costos”.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind Rep), dice que “destinamos una cantidad importante de recursos a limpiar, reparar y reponer infraestructura que es dañada constantemente. Por eso, cualquier medida que contribuya a generar mayor responsabilidad y cuidado de los espacios comunes no solo fortalece la convivencia y la seguridad, sino que también permite que esos recursos puedan destinarse a mejorar servicios y responder a otras necesidades de nuestros vecinos”.