Fue durante la Cuenta Pública, al inicio del apartado de seguridad, que el Presidente José Antonio Kast anunció una de las principales medidas respecto a la materia: el Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV).

Según afirmó el Mandatario, en materia de seguridad “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

Tras este preámbulo, el Presidente Kast anunció que en los próximos días “ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades”.

La iniciativa, que será ingresada por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad e Interior corresponderá a un registro en el cual se ingresará a ciertas personas condenadas que hayan cometido ciertos delitos. El estar incluidos en ese listado, se impedirá que dichos condenados puedan obtener beneficios sociales.

“Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos (...) quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”, aseguró Kast.

El nuevo RUV seguiría la misma lógica, por ejemplo, del Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, el que lleva el listado de aquellas personas condenados por delitos de connotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, lo que impide -tal y como lo dice su nombre-, trabajar en ciertas áreas.

En el mismo sentido, el mecanismo también se parece al del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, donde aquellos progenitores que no cumplan con dicha obligación quedan imposibilitados realizar una serie de trámites en el Estado, como la renovación de licencias de conducir o del pasaporte.

El otro apartado

Si bien Kast apuntó, inicialmente, a que quienes cometan ciertos delitos perderían un catálogo de beneficios sociales, el mismo registro también contempla el ingreso de personas que no necesariamente cometieron delitos, pero sí “incivilidades”, es decir, faltas.

En ese apartado, por ejemplo, se considera a quienes realicen rayados, rompan inmobiliario público, consuman alcohol o drogas en la vía pública, entre otros hechos de esas características.

Estas personas, según aseguró el propio Mandatario, igualmente perderán beneficios sociales, aunque de menor grado.

Dicho apartado ya había sido anunciado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, en entrevista con La Tercera. Según aseguró en esa ocasión la autoridad, “queremos trabajar en eso para que también la gente, desde el punto de vista también moral, así como le estamos entregando la información transparente para que sepa cuál es la realidad que vive, también queremos que esas mismas personas puedan ir de alguna manera percibiendo que desde el Estado también se está trabajando en esto que es esa sensación de riesgo permanente cuando yo me veo en una situación de desorden o incivilidad”.

Respecto a su regulación, Quintana afirmó que aquello se concretaría “por la vía municipal. Nosotros queremos que, ojalá, esto quede más bien radicado en los juzgados de policía local. Queremos devolverle a las municipalidades su propio control. Entonces con esta ley, la idea es reconocer que es un problema que también genera mucha molestia en la población. Va mucho más por la vía de la sanción más bien reglamentaria o infraccional que penal. No es la idea meter presa a la gente”.

El piloto de Independencia

Un mes antes de asumir en el gobierno, la entonces nominada a ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, visitó la Municipalidad de Independencia. En esa actividad, la primera de la ahora exministra, la repartición municipal encabezada por el alcalde Agustín Iglesia (Ind.) lanzó el plan “Cero Incivilidades”, el cual consideraba un registro de incivilidades.

Steinert, si bien no anunció dicha medida, sí se trascendió que era parte de las posibles medidas que la entrante administración podría incorporar.

En el caso de Independencia, la iniciativa busca multar y hasta quitar beneficios municipales a aquellas personas que cometan faltas como orinar en la calle, consumir alcohol en la vía pública o cualquier tipo de hecho que aumente la inseguridad en la comuna. Dichas medidas se pueden aplicar, ya sea de manera temporal, como permanente.

Si bien el RUV no formaba parte del programa de gobierno de Kast durante la campaña, igual fue un anuncio de campaña. En octubre del año pasado, el entonces candidato afirmó que esa propuesta “permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos. Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales”, explicó.