Fue en noviembre de 2025 que el Poder Judicial inició un proceso en contra del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber. Por aquel entonces, el nombre del histórico jefe del oficio puentealtino figuraba entre los imputados claves de la denominada trama bielorrusa, caso de presunta corrupción donde se investiga a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su expareja, Gonzalo Migueles, entre otros imputados.

Desde entonces han pasado casi ocho meses y el futuro de Yáber en la titularidad del oficio fiscalizado por el Poder Judicial aún se mantiene en suspenso, luego de que el caso que podría derivar en su remoción está pendiente de resolverse en el Triobunal Constitucional (TC).

El problema que se ventila en el TC partió luego de la apertura de un sumario en contra de Yáber por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos lo indagara por presuntos delitos de lavado de dinero en favor de Migueles, lo que lo llevó a ser formalizado en enero. Con la apertura de dicha investigación, la fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, suspendió al conservador de su cargo por 60 días, como una medida preventiva.

Esos 60 días se agotaron y el 27 de marzo Yáber regresó a la titularidad del oficio, luego de que además el tribunal rebajara sus medidas cautelares de arresto domiciliario total a arraigo nacional y firma periódica, bajo las cuales aún está sujeto.

El regreso del conservador a la titularidad se dio en medio de que el mismo tribunal de alzada decidiera aprobar por unanimidad la apertura de un cuaderno de remoción en su contra, proceso que permitiría removerlo del Poder Judicial.

Yáber al TC

La apertura del cuaderno de remoción por parte de la Corte de San Miguel en contra de Yáber derivó en que el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto apelara ante la Corte Suprema con el fin de evitar su salida del oficio de Puente Alto.

Pero en paralelo, la defensa de Yáber -encabezada por los abogados Guillermo Chahuán y Sebastián Contreras- también recurrió ante el TC. El 28 de mayo pasado ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad en contra del auto acordado de la Suprema, en el que se fija el procedimiento para investigar responsabilidades disciplinarias de quienes en el Poder Judicial.

En ese mismo requerimiento, el que fue admitido a trámite el 4 de junio, Yáber pedía que se suspendiera -mientras se resolvía- el proceso en su contra.

Dicha solicitud fue acogida por la Segunda Sala del TC. Desde ahí en adelante, y hasta la fecha, se mantiene congelada la apelación de Yáber en la Suprema para evitar la apertura del cuaderno de remoción en su contra.

Desde esa resolución que congeló la eventual remoción de Yáber como auxiliar de la justicia, han pasado dos meses. En paralelo, el abogado ha continuado desempeñándose como conservador de Puente Alto y la causa penal ha seguido su curso.

De hecho, el imputado pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago levantar su medida cautelar por un periodo determinado para viajar a Buenos Aires, Argentina.

Una causa en espera

Durante los dos meses, el TC solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a nombre del máximo tribunal, que respondiera al requerimiento de Yáber.

En un escrito de 12 páginas, el CDE argumentó que se debía rechazar la solicitud de inconstitucionalidad requerida por Yáber, argumentando la legalidad del proceso administrativo que el Poder Judicial inició en su contra, apuntando a que el conservador integró “una red de favorecimientos destinada a obtener beneficios indebidos tanto en la postulación como en el ejercicio de cargos de auxiliares de la administración de justicia”.

Ante la respuesta del CDE, la defensa de Yáber pidió al TC dejar sin efecto su propia resolución y consigo declarar que el requerimiento no fue respondido, toda vez que consideran que el CDE no cuenta con la “habilitación legal” para representar a la Corte Suprema.

Pero el 15 de julio, el Tribunal Constitucional no dio lugar a la solicitud de la defensa de Yáber y acogió el traslado del CDE. Desde entonces, la causa no ha tenido más avances, manteniendo en suspenso el futuro del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, quien sigue ejerciendo sus funciones como titular del oficio, y quien, mientras dure la suspensión a su favor, podrá mantener congelado cualquier intento por removerlo de su cargo.