Tras días de sepulcral silencio, este lunes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert se refirió por primera vez al flanco que abrió con la Policía de Investigaciones (PDI). Ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, la exfiscal descartó que ella solicitara la remoción de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, la prefecta general (r) Consuelo Peña.

“Es una decisión de la Policía de Investigaciones que llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”, afirmó escuetamente la ministra de Seguridad. Tras el término de la comisión, Steinert reiteró su posición, destacando que Peña llevaba 36 años en la PDI.

Su comparecencia ante la Cámara era seguida por la policía civil, donde las palabras de la ministra no cayeron bien. Lo anterior porque, según conocedores de lo sucedido, fue la misma Steinert quien el viernes 20 de marzo solicitó al director general de la PDI, Eduardo Cerna, la remoción de Peña. De hecho, Cerna dilató el asunto esperando que la secretaria de Estado reculara, pero ante su insistencia fue este fin de semana que la medida se concretó con el llamado a retiro de la oficial.

La petición de la ministra, según quienes han sabido del asunto, se debe a problemas previos con la ahora exjefa de la policía civil, algo que sin embargo fue descartado por la autoridad de gobierno. Al ser consultada sobre posibles rencillas previas con la prefecta general (r), afirmó que “no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar por Chile y en eso estoy”.

El origen de la disputa

En enero pasado, la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá encabezaron un golpe a la mafia china que operaba en la Zofri de Iquique, en una operación denominada Clan Chen. Por aquel entonces, Steinert lideraba dicha repartición del Ministerio Público, mientras que Peña, la subdirección de la policía civil a cargo del caso.

Dicha operación en Iquique sería el origen de la disputa entre la abogada y la ahora prefecta general en retiro. Esto, debido a que dos días después del operativo, Peña ordenó el traslado de cuatro oficiales de la PDI de Iquique.

Quienes supieron de lo ocurrido afirman que la decisión de la prefecta general se dio basada en información de inteligencia que alertaron del actuar de los funcionarios en el caso del Clan Chen. Sin embargo, el traslado del oficial Mauricio Fuentes y los subcomisarios Luis Campo, Alexis Vera y Juan Flores habría generado la molestia de Steinert, sobre todo porque en la policía comentan que es cercana a Fuentes.

La solicitud de la recién asumida ministra llamó la atención tanto en el mundo policial como en el político, porque la petición de la titular de gobierno respondería a un requerimiento por motivos personales. Más aún, cuando según las facultades legales, la jefa de la cartera no tiene la posibilidad de pedir la renuncia de funcionarios del alto mando de las policías, sino que es algo que le corresponde al Presidente. En su rol, Steinert solo tiene facultades para asesorar al Mandatario en la conformación de los altos mandos policiales, por lo que la situación abrió el primer conflicto de la ministra al mando de Seguridad Pública. La Moneda se mantuvo al margen de la arremetida de la exfiscal y fue recién el viernes en la tarde que se enteró de lo ocurrido.

Dada la insistencia de Steinert, la PDI se vio arrinconada y sin opciones. En el gobierno han intentado radicar el asunto en el equipo de Steinert y por lo mismo ha causado incomodidad el hecho de que la exfiscal tardara tanto en abordar públicamente la polémica.

El actuar de la encargada de la Seguridad Pública, sin embargo, no la dejó bien parada al interior del gobierno. Si bien en Palacio hay conciencia de que su actuar fue a lo menos imprudente, optaron por el pragmatismo y asumir el costo de perder a la prefecta Peña en vez de dejar sin piso político a la ministra a menos de dos semanas de haber asumido en el cargo.

El oficio en cuestión

La situación del traslado de los oficiales de Iquique, más allá de la molestia que habría generado para la entonces fiscal regional, se tradujo en que dos días después de asumir como ministra, el 13 de marzo, envió un oficio reservado al director general de la PDI pidiendo información, precisamente, de dicha situación ocurrida en Iquique por el operativo del Clan Chen.

Según el escrito publicado por Radio Bio-Bio, y al que tuvo acceso La Tercera, Steinert solicitó cuatro cosas a Cerna. La primera, que se individualizara a los funcionarios que fueron removidos de Tarapacá; segundo, los fundamentos que aquello; tercero las nuevas destinaciones y cuarto, una copia de los antecedentes disciplinarios y penales de cada uno de estos policías que “de existir, hubiere servido como antecedente para fundamentar la remoción de los funcionarios”.

“Agradezco de antemano su colaboración para el envío de estos antecedentes en el plazo más breve posible, con el objeto de asegurar la transparencia y eficacia de la operatividad policial”, afirmó Steinert en el escrito enviado a Cerna.

Tras ser consultada por este requerimiento en la comisión de la Cámara, Steinert defendió su actuar. “Actué dentro de mis competencias sin vulnerar la Constitución, su artículo 5, 6 y 7. Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo. Y esas posibilidades me las da el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo 3, sino el artículo 4, letra D. Y además el artículo 5″, afirmó.

En esa línea, la ministra planteó que “si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco. Eso es lo que entiendo yo, independiente de una opinión contraria que pueda tener usted. Pero eso es lo que entiendo yo. Lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades”.

Pese a eso, deslizó que “a mí me parece, más aún como funcionaria pública, si es que de dicha respuesta puede haberse... aparecido (sic) quizás que este cambio se debió a la comisión de un delito, más aún estoy obligada a ver qué es lo que pasó. Jamás he pedido antecedentes de la misma investigación. Y eso quiero que quede claro, no lo he hecho en este caso ni tampoco en otro”.

Sobre el mismo oficio, Steinert anunció una investigación interna, para conocer cómo se filtró el documento reservado enviado a Cerna. Incluso afirmó que analizará si se constituye delito para denunciarlo ante el Ministerio Público.

Pero la respuesta de la jefa de la cartera de Seguridad no dejó contentos a los parlamentarios. El diputado Raúl Leiva (PS) anunció que oficiará a la Contraloría para que evalúe el actuar de la exfiscal regional de Tarapacá.