Cabizbajo fue el ánimo tanto de la Fiscalía Centro Norte como de la querellante, María Elena Santibáñez, el lunes 5 de octubre luego de la frustrada audiencia de preparación de juicio oral por la investigación contra Manuel Monsalve.

Ese día estaba presupuestado que el 7° Juzgado de Garantía recibiera las pruebas que los intervinientes presentarán a lo largo del juicio por delitos sexuales que está enfrentando al exsubsecretario. Sin embargo, una notificación tardía en la acusación particular llevó a que la jueza Pilar Ahumada suspendiera la audiencia y la aplazara hasta el 3 de marzo de 2027.

Lo extenso de la espera fue justamente lo que hizo decaer los ánimos de la parte acusadora tras la audiencia. A la salida del tribunal, la querellante alegó una constante intención dilatoria de Monsalve y su abogado, el defensor público Víctor Providel.

Fue en esa misma salida que los acusadores, tanto el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, como Santibáñez anunciaron que apelarían buscando que el tribunal de garantía otorgue una fecha más próxima para esa audiencia preparatoria.

Lo que también señalaron fue que buscarían revertir otra resolución que no cayó bien en los acusadores: el cambio del arresto domiciliario total bajo el que estaba Monsalve por el arresto domiciliario nocturno.

Según pudo conocer este medio, tanto el Ministerio Público como la querellante presentaron recursos de apelación buscando cambiar esas resoluciones.

En lo principal se busca que la audiencia de preparación de juicio oral se realice con antelación considerando que el caso ya lleva más de dos años de investigación. Ambos recursos fueron acogidos a trámite y ahora falta que la Corte de Apelaciones de Santiago fije una fecha para que las partes acudan a alegar sus posiciones.

Revertir el cambio de cautelar

El argumento que ha sostenido la Fiscalía para mantener a Monsalve bajo arresto domiciliario total, y que también se esgrimió en la última audiencia, está relacionado al presunto peligro de acercamiento para la denunciante.

En ese sentido lo que se ha puesto como ejemplo son las supuestas gestiones de acercamiento que ordenó a la PDI el exsubsecretario, donde funcionarios policiales acudieron hasta el domicilio de la mujer con el ardid de llevarle un sándwich y una bebida.

Sin embargo, desde el entorno de Monsalve se defienden señalando que dicha gestión fue antes incluso de que existiera denuncia, por lo tanto, muy anterior a que la exautoridad estuviera bajo investigación o con alguna medida cautelar.

Las mismas fuentes señalan que esa gestión tenía por finalidad conocer el estado de la funcionaria pública en un contexto en que tanto Monsalve como la mujer sospechaban de una supuesta droga en los tragos consumidos en el restaurante Ají Seco Místico que justificara la pérdida de memoria.

Asimismo, cercanos a Monsalve señalan que en todo el tiempo en que la exautoridad ha estado bajo una medida cautelar en su domicilio en Viña del Mar, desde mayo de 2025 hasta ahora, no ha habido ninguna intención de acercarse a ella y la medida ha sido cumplida en su totalidad.

Con ese argumento, dicen que no se justificaría que el tribunal de alzada capitalino lo devolviera al arresto domiciliario total, sin perjuicio de que la misma corte revirtió una situación similar en agosto de este año.

Fue esa vez cuando la corte dijo que Monsalve, de profesión médico, podía trabajar bajo el régimen de telemedicina ante el argumento de la defensa de no recibir remuneración hace aproximadamente dos años. “Resulta necesario y proporcional mantener la medida cautelar de arresto domiciliario, no patentizándose de los antecedentes aportados por la defensa, antecedentes calificados que, por ahora, permitan alterar lo antes razonado”, señaló esa vez el tribunal de alzada en una votación de 2-1.

Eso sí, el voto disidente del ministro Guillermo Rodríguez expuso un punto que para la defensa de Monsalve es fundamental. “Durante todo el tiempo en que ha estado sujeto al arresto domiciliario total no ha existido reporte alguno de incumplimiento de esa medida, ni tampoco del arraigo nacional ni de la prohibición de comunicarse con la víctima y su familia (…). En el sistema cautelar, el incumplimiento del imputado es el título natural para intensificar la medida, del mismo modo que su cumplimiento sostenido es el antecedente que autoriza a atenuarla”, señaló el magistrado esa vez.