La Fiscalía Nacional resolvió trasladar la investigación conocida como el “papayagate” desde la Fiscalía Regional de Valparaíso a la de Coquimbo, decisión adoptada por el fiscal nacional Ángel Valencia.

El caso, formalizado desde mayo, incluye presuntos delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y delitos tributarios vinculados a hechos ocurridos en La Serena, los cuales se traducen en un perjuicio fiscal de más de $9 mil millones.

En la causa hay ocho personas imputadas, entre ellas la exintendenta regional Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, quienes quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El proceso de traspaso de antecedentes comenzó el viernes recién pasado y continuará durante los próximos días.

Ahora, la causa quedará bajo la conducción del Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC) de Coquimbo, según instruyó el fiscal regional Patricio Cooper, quien dispuso que esta unidad asuma la nueva etapa investigativa.

Actualmente, son ocho los imputados en la causa. Algunos de ellos mantienen medidas cautelares como arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país, particularmente quienes ejercían funciones públicas, mientras que los formalizados por delitos tributarios deben cumplir firma mensual y no pueden abandonar el territorio nacional. Una de las personas imputadas no registra medidas cautelares.

Con el cambio de jurisdicción, la Fiscalía de Coquimbo continuará las diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en la administración de recursos públicos.