La próxima semana se cumplen tres años desde que, el entonces recién asumido gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que aplicaría una resistida medida por el oficialismo: Estado de Excepción en la Macrozona Sur. La noche del 17 de mayo del 2022, la exministra del Interior, Izkia Siches, informó que “hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas”.

La decisión informada por Siches, y de la que ya han pasado 1.091 días, fue un vuelco en la postura del gobierno: cuando asumieron decidieron no renovar la medida que había aplicado la saliente admnistración de Sebastián Piñera.

A tres años de esa decisión, la presidencia de Boric se ha convertido en la que más ha aplicado la medida constitucional en la zona, lo que ha significado una importante disminución en los hechos de violencia, pero que ha tenido grandes costos económicos y al interior de las Fuerzas Armadas (FF. AA).

Las modificaciones en tres años

Si hay algo que no ha variado desde que el anterior gobierno decretó el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, son las zonas donde esta se ha aplicado. Al igual que en 2021, la actual administración lo decretó en las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío y en toda la Región de La Araucanía.

Lo que sí ha variado durante estos tres años, es la forma en la que se aplica. En un comienzo, el Ejecutivo anunció que la medida era “acotada”, especialmente para resguardar las carreteras. Algo que generó críticas en las autoridades de la zona y en la oposición. Aquello se mantuvo hasta junio del 2023, cuando se eliminó del decreto las referencias a rutas específicas con el fin de entregar mayor “flexibilidad” al despliegue de las FF. AA, poniendo fin a lo “acotado” de la medida.

Lo que también ha variado en estos tres años, y dado el contexto de la crisis de seguridad, es la forma en la que se piden las prórrogas de la medida constitucional. En enero del año pasado, se aprobó que las prórrogas de esta medida constitucional se pidan cada 30 días y no cada 15.

Con los dos plazos, hasta ahora y desde su aplicación, se han aprobado un total de 56 prórrogas en los casi 36 meses que lleva.

El despliegue

Desde el comienzo de la medida, las tres ramas de las FF. AA -Ejército, Armada y Fuerza Área (Fach)- han tenido, en general, zonas establecidas para actuar. Los primeros lo han hecho en La Araucanía, mientras que los infantes de marina en las dos provincias del Biobío. La Fach, por su parte, es la que entrega los servicios áreas en la zona.

Las labores de las FF. AA en la zona, señalan fuentes que conocen del actuar, consisten básicamente en realizar patrullajes, prestar respaldo a las policías en ciertos operativos complejos, hacer controles y entregar protección a ciertos puntos estratégicos. Para lograr aquello, al menos según lo informado al 2023, existen ocho bases militares de avanzada en cuatro comunas del Biobío y otras cuatro en La Araucanía.

A la fecha, se han nombrado 12 “jefes de la defensa”, que corresponde a quienes han estado a cargo de la seguridad según lo establece la Constitución. En La Araucanía, siete han sido los generales del Ejército han ocupado el cargo. La Armada por su parte en Biobío ha nombrado a cinco.

Los cambios en las FF. AA

Si bien la cifra de funcionarios militares nunca se ha expuesto oficialmente, según las cuentas públicas del Ministerio de Defensa, son cerca de 1.500 efectivos en ambas regiones que se deben desplegar a diario por la medida.

Fuentes de La Tercera, afirman que aquello ha significado un “esfuerzo considerable” en las instituciones. Por ejemplo, quienes conocen de la operatividad del Ejército, explican que al comienzo del despliegue en el 2021 vivieron una especie de “marcha blanca” donde pudieron advertir las complejidades.

Inicialmente se distribuían a militares de las zonas cercanas y por unos 45 días aproximadamente. Desde el 2023, la institución aplicó un “sistema de turnos” rotativos, lo que permitió que los funcionarios ahora estén por 21 días en la zona y se estableció que antes de que vuelvan ahí deben pasar seis turnos.

Además de eso también comenzaron a trasladar uniformados de zonas como La Serena, Santiago o Valparaíso, y hasta de Puerto Montt. A lo que se sumó la ampliación de las especialidades que se despliegan, movilizando a militares, incluso, que realizaban actos más administrativos a las labores en terreno.

Al interior del Ejército, por ejemplo, existe una buena evaluación de lo hecho hasta ahora, dado a que no han existido mayores inconvenientes en la zona. Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad en la Macrozona Sur durante el gobierno pasado, sostiene que “desde mi experiencia, tanto las Fuerzas Armadas como las policías han puesto a disposición todos sus medios con compromiso y excelencia para cumplir con los objetivos establecidos por la autoridad política. Su trabajo ha sido riguroso y profesional”.

Una costosa medida

Mover funcionarios a la Macrozona Sur no sólo genera un impacto importante en la operatividad, sino que también en los presupuestos. Las arcas fiscales han debido realizar diferentes gastos, desde la movilización de funcionarios, de diferentes puntos del país, hasta la zona, así como también un incremento en los recursos para alimentación y en las remuneraciones de los militares. A lo que se suma el alza en los recursos para la operatividad y compra de material militar.

Si bien el gasto en el que se ha incurrido en el Estado de Excepción no se ha entregado, fuentes de este medio explican que se puede estimar. Por ejemplo, en una comisión en la Cámara en 2022, Defensa afirmó que costaba $320 millones cada 15 días, lo que significa que en tres años habría costado más de $23.271 mil millones. Eso, sin considerar los incrementos por los índices económicos.

A esto se suma que en enero de 2024, la misma cartera informó que hasta esa fecha se habían gastado $8.800 millones en la operación en la zona, lo que permitió emplazar las diferentes bases y puntos de control

La Tercera consultó al Ministerio de Defensa sobre un balance en tres años del Estado de Excepción, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de parte del Ejecutivo.

Auspiciosas cifras

Durante estos tres años, algunos hechos de violencia han marcado a la zona. El reciente ataque en Rucalhue o el triple homicidio de los carabineros en Cañete, así como también la serie de atentados que se han registrado en las últimas semanas, son sólo un ejemplo de aquello.

Pese a esos lamentables hechos, las cifras que ha dejado el Estado de Excepción en la Macrozona Sur son auspiciosos. En estadísticas del Ministerio de Seguridad durante 2025, se han registrado 108 eventos de violencia rural: la cifra más baja desde 2017. A esto se suma que las zonas bajo la medida, comparado 2024 con 2021, han tenido una disminución del 78,8% de atentados. El gobierno también destaca una caída del 50% en los ataques incendiarios.

A juicio del subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, “estos datos demuestran que el gobierno se ha hecho cargo de la violencia en la Macrozona Sur. En coordinación con policías, FF. AA, Ministerio Público y parlamentarios hemos logrado resultados concretos y reafirma que la seguridad en la zona es responsabilidad del Estado en su conjunto”. Junto con eso, afirma que hasta ahora el Ejecutivo ha presentado 491 querellas, logrando condenar a 552 imputados en causas determinadas.

Positivas cifras que también han sido también expuestas por el Ministerio Público. Durante la última cuenta pública, el fiscal regional Roberto Garrido, afirmó que han visto “una disminución significativa en delitos específicos: los incendios bajaron un 59%, las usurpaciones un 58%, los robos de vehículos un 25% y el robo de madera un 12%”. Cifras que no se veían desde 2018, afirmó Garrido.

Pese a aquello el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (ind.-Chv) sostiene que en la región “seguimos enfrentando el terrorismo más brutal de los últimos años. Los Estados de Excepción han tenido impacto, sí, pero no resuelven un conflicto que sigue activo y profundo. Hoy hay menos ataques, sí. Pero son más violentos, organizados y destructivos”.

“Se necesitan decisiones políticas firmes, reglas claras de uso de la fuerza, ley de infraestructura crítica y respaldo efectivo a quienes enfrentan el riesgo todos los días”, concluye el gobernador.

El excoordinador de seguridad para la Macrozona Sur afirma, que si bien las cifras son positivas y significativas, “la violencia y el terrorismo continúan. De hecho, los dos atentados más graves de los últimos años ocurrieron bajo el Estado de Excepción: el triple homicidio de carabineros en Cañete y el ataque incendiario en Rucalhue. Esto demuestra que el Estado de Excepción es necesario, pero no suficiente”.

El diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN) subraya que ante los hechos de violencia que se han registrado “claramente no está dando el resultado que esperamos”. En ese sentido, asegura que “se instale estratégicamente a contingente militar en zonas específicas como en Temucuicui o en el fundo Pidenco en Lumaco, donde efectivos debieron retirarse ante un ataque. Eso ocurre porque no hay respaldo del gobierno hacia los militares y policías”.

Opinión similar tiene el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), quien señala que el Estado de Excepción, “sin lugar a duda sirve de forma simbólica, porque los grupos terroristas no se atreven a avanzar como lo hacían hasta hace un par de años atrás”. Pese a eso sostiene que hay que mejorarlo, lo que significa, a su juicio, “que los militares tengan toda la posibilidad de disparar y que disparen”.

Además de mejorar la inteligencia, Urquizar plantea que se requiere “un acuerdo político transversal contra la violencia y el terrorismo. La Comisión para la Paz y el Entendimiento dejó en evidencia lo frágil que sigue siendo el consenso en esta materia”.