Tres sujetos imputados por la explotación sexual de una menor de edad en Talca quedaron privados de libertad tras su formalización, en la Región del Maule.

La investigación para determinar la participación e identificación de la agrupación se denominó “Operación Depredador 3″. Fueron ocho meses de análisis, diligencias y seguimientos por parte de la Brigada de Delitos Sexuales (PDI) de la PDI, por instrucción de la Fiscalía de Talca.

Así, se determinó que “una adolescente en situación de vulnerabilidad y que vive en una residencia en Talca, era explotada sexualmente en un night-club de la misma ciudad”, fiscal José Luis González. Según el inspector Cristian Venegas de la Brisex, la víctima correspondería a una menor de edad de 16 años.

Las indagatorias, de acuerdo con el uniformado, permitieron acreditar “la existencia de una organización criminal integrada por personas extranjeras que, mediante diversas acciones retiraban a la víctima desde una residencia estatal y la trasladaban a un night-club, lugar donde la instaban reiteradamente a realizar actos de carácter sexual con distintos clientes”.

El resultado de la investigación derivó en una orden de detención el 26 de agosto, que permitió la captura de la totalidad de los integrantes, además del rescate de la víctima. El operativo policial incluyó entradas y registros a cuatro inmuebles, en los que los funcionarios incautaron varias especies asociadas a los delitos investigados.

Entre los elementos figuraban “dispositivos electrónicos utilizados para establecer contacto con la víctima, documentación, dinero y otros elementos de interés criminalístico”, detalló Venegas.

Durante este pasado 29 de agosto los imputados quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizados como coautores del delito de promoción y facilitación de la explotación sexual de menores de edad.

“Uno de ellos, el dueño, es un ciudadano argentino, el otro un ciudadano venezolano con ingreso irregular al país que administraba directamente el local y daba las instrucciones a las mujeres que trabajan ahí. El tercero es un chófer, también venezolano, encargado de realizar los traslados, en este caso de la víctima desde la residencia hasta el lugar donde está ubicado el night-club”, explicó el persecutor.

Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses, mientras las diligencias siguen su curso.