El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento del exfiscal Manuel Guerra en la investigación en que le imputan delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto.

“Estuvimos toda la mañana escuchando las alegaciones de la defensa en torno a las solicitudes de prescripción y de sobreseimiento en relación a varios de los hechos por los cuales realizamos la imputación en contra del señor Manuel Guerra. El tribunal, luego de escuchar tanto a las partes solicitantes como a los distintos querellantes y al Ministerio Público, resolvió rechazar todas las solicitudes”, explicó el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

Guerra está en prisión preventiva desde el 19 de marzo y este jueves se va a discutir su medida cautelar.

“En lo que se refiere a la investigación en sí, la verdad es que a esta altura el hecho de que él se encuentre privado de libertad o con arresto domiciliario total no marca ninguna diferencia. Lo que sí marca una diferencia es la gravedad de los hechos. La gravedad de los hechos que fueron imputados es lo que lo podría mantener en prisión preventiva, pero eso es una decisión que mañana tiene que tomar el tribunal”, planteó el fiscal Carrera.

El fiscal regional de Arica y Parinacota indicó que “respecto del éxito de la investigación, la investigación ya se encuentra más bien a su respecto agotada, por lo tanto ahí no hay riesgo, el riesgo puede estar en un eventual peligro de fuga y eso es lo que tiene que evaluar o ponderar el tribunal mañana”.

El expersecutor Guerra está en la mira del fiscal regional de Arica y Parinacota desde agosto de 2024, por sus chats con el abogado Luis Hermosilla, sobre la causa Dominga-Exalmar y el caso Penta, además otros procesos penales en los que sostuvo comunicaciones con el protagonista del caso Audio.

El Ministerio Público sostiene que el exfiscal compartió con el abogado que se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior información sobre las investigaciones en el montaje de la operación Huracán, el caso de corrupción en Vitacura, las causas penales que enfrentó el gobierno de Sebastián Piñera por el estallido social, indagatorias contra el senador Iván Moreira y contra el senador Manuel José Ossandón, contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa y contra Santiago Valdés, que fue administrador electoral del fallecido expresidente Piñera.