El senador independiente Miguel Ángel Calisto no pretende dar su brazo a torcer.

Pese a la acusación que hay en su contra por delitos reiterados de fraude al Fisco, en una causa en que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, pidió 12 años de cárcel en su contra y logró que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo desaforara por segunda vez, el congresista no ha dejado de sostener que no ha cometido delitos.

Durante los últimos meses, además, el exdiputado también ha recalcado que la investigación que lo afecta ha estado cargada de irregularidades, que no se le ha dado acceso a todos los antecedentes y que habría una suerte de animadversión hacia él.

De ahí, sostienen desde el entorno de Calisto, el empecinamiento que ha mostrado a través de una serie de acciones judiciales para mantener abierta la indagación y posponer el comienzo del juicio oral.

En función de ello, a nadie debía sorprenderle que la tarde de ayer martes, tras la divulgación del fallo de la Corte de Puerto Montt que acogió su solicitud de desafuero, el parlamentario confirmara rápidamente que apelará a la Corte Suprema para revertir la determinación, tal como lo hizo cuando fue desaforado -cuando era diputado- por la Corte de Coyhaique.

Pero aunque esa es una batalla que dará de todas maneras, no es en la que están centradas sus esperanzas. Dado que el estándar para el desafuero se considera bajo, no hay mayor expectativa en el entorno del senador respecto de lo que pueda decidir el máximo tribunal sobre ese punto. Más aún considerando que los supremos, por una amplia mayoría, ya lo habían desaforado por la misma causa cuando era diputado.

En su momento se consideró que los antecedentes eran suficientes y, ahora, con una investigación mucho más acabada y el reconocimiento de los hechos por parte de los otros imputados, se estima que la probabilidad de que la Suprema revoque el fallo de la Corte de Puerto Montt es prácticamente cero.

Por ello, los esfuerzos de la defensa del senador estarán principalmente destinados al recurso de apelación que ingresaron a fines de septiembre para revertir la resolución del tribunal de alzada de Coyhaique que rechazó el amparo con que buscaba frenar el cierre de la investigación.

Por medio de dicha acción, interpuesta por el penalista Nelson Salas, el congresista cuestionó el accionar del Juzgado de Garantía de Coyhaique, que previamente dispuso el cierre de la causa pese a que no se le había entregado copia de todos los antecedentes del expediente. Y, por tanto, sin que Calisto pudiese controvertir o contrastar ciertos elementos con diligencias alternativas y/o nuevas declaraciones.

Calisto y su abogado han sido claros en que la Fiscalía debe llevar adelante todas las pesquisas que estimen convenientes, pero también en que tienen derecho a que se les de copia íntegra de todos los insumos que se han incorporado en la carpeta, pues de lo contrario se estarían afectando sus garantías constitucionales.

“La defensa obviamente espera que el amparado sea absuelto de todos los cargos, y esa expectativa tiene como base que se puedan conocer todos los antecedentes de la investigación, no solo aquellos que la Fiscalía considera de interés para su teoría del caso, sino también y sobre todo aquellos que no piensa hacer valer contra el amparado”, se lee en el recurso de apelación que se elevó a la Suprema.

De esta forma, están expectantes a que la Segunda Sala del máximo tribunal ponga la causa en tabla para hacer las alegaciones, estimando que deberían revocar lo resuelto y así “reestablecer el imperio del derecho”.

Antecedentes “cuestionables”

Al abordar los pasos a seguir, Salas aseguró que, como defensa, estiman que aún existen elementos de la investigación de la Fiscalía que pueden controvertir.

“Lo primero que conviene dejar claro es que, tal como señaló el pleno de la corte, el desafuero no implica que se haya dado por acreditada la existencia del delito ni la participación de mi representado. Entendemos que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público siguen siendo cuestionables. Una parte relevante de la imputación surge de un cambio de versión intempestivo de un imputado, ocurrido en la etapa final de una investigación prácticamente agotada y en circunstancias que deben ser analizadas con especial cautela, particularmente por su cercanía con la modificación de la medida cautelar que lo mantenía privado de libertad”, manifestó en conversación con La Tercera.

En atención a ello, aquella que esperan que “la Corte Suprema analice estos antecedentes en su contexto y, especialmente, las circunstancias en que Roland Cárcamo modificó su versión y aportó nuevos antecedentes contra el senador Calisto”.

Respecto del amparo, detalló que “se interpuso porque, fuera de toda norma y principio legal y constitucional, el Ministerio Público nos ha privado de acceder al contenido íntegro de la carpeta, pese a haber cerrado la investigación. Se nos ha negado el acceso a antecedentes aportados por el coimputado Cárcamo y que respaldarían su nueva y última versión”.

“Para negar dicha información, la Fiscalía ha sostenido, por una parte, que esos antecedentes no fueron aportados en esta causa y, por otra, que no serían de interés para esta investigación ni para la defensa. Sin embargo, consta expresamente que fueron aportados e incorporados en esta causa, asignándoles incluso un número único de evidencia dentro de esta misma carpeta, lo que desacredita lo sostenido por la Fiscalía. Por otro lado, nos corresponde a nosotros, como defensa, determinar si estos antecedentes resultan o no útiles para defender al senador Calisto”, complementó.

A juicio del penalista, “este ocultamiento de información sobrepasa todo límite y revive prácticas propias del antiguo proceso penal, tramitado ante los juzgados del crimen”.