En los últimos días, la gestión de las vacunas se ha convertido en un tema que vuelve a rondar con fuerza en el Ministerio de Salud, y especialmente a la Subsecretaría de Salud Pública, dirigida por Andrea Albagli. Pero esta no es la primera vez que la administración Boric enfrenta cuestionamientos por la forma en que ha manejado los procesos de vacunación y todo lo que ronda a ello.

El primer lío relativo a vacunados se dio a inicios del año pasado, cuando la cartera informó, vía Ley de Transparencia, que durante la campaña de inmunización contra el Covid-19 se habían vencido 3.602.971 vacunas.

La polémica, de hecho, escaló, toda vez que la información, según aclaró la cartera poco después, no era correcta y el número era menor, pero a esa altura ya había sido ampliamente difundida e incluso el Congreso tomaba cartas en el asunto.

Un día después de que La Tercera diera a conocer las cifras, la cartera envió un comunicado rectificando la información, señalando que en realidad eran 2.441.143 las dosis que habían expirado; es decir, 1.161.828 menos de lo que se había dicho en un principio.

Meses más tarde esa controversia tendría consecuencias dentro del ministerio: María Paz Bertoglia, entonces jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, presentó su renuncia en medio de críticas por la gestión del área.

Además, por el vencimiento y la entrega errónea de datos se abrió un sumario, el que aún sigue en curso, de acuerdo a la información vía Ley de Transparencia que solicitó este medio.

A este episodio se le suman los dos de los últimos días.

La semana pasada, la Contraloría dio a conocer que el Registro Nacional de Inmunización (RNI) presenta 18.132 anotaciones de vacunas correspondientes a 91 lotes que fueron registradas como administradas después de su fecha de vencimiento, con diferencias que, en algunos casos, alcanzaban hasta 903 días entre la fecha de caducidad de la dosis y la fecha en que se consignó su aplicación.

Eso sí, la subsecretaria Albagli salió del paso y rápidamente afirmó que “estamos ante un problema de registro y no ante un problema de administración errónea”.

Según detalló la autoridad en conversación con T13, “acá hay un problema en particular, de hecho, en un Cesfam, donde se administraron cerca de 2.000 o 3.000 dosis que se registraron como administradas después de su fecha de vencimiento”, agregando que al momento de realizar la trazabilidad “el lote que se registró en ese consultorio, que tenía una fecha de vencimiento previa a la administración, nunca llegó a ese consultorio“.

En medio de este clima de emplazamientos, este martes se sumó la información publicada en estas páginas: que durante la campaña de invierno de 2024 se dejaron de utilizar 1.212.297 dosis de vacunas contra la influenza -ya sea por vencimiento o por problemas logísticos y técnicos-, lo que representa una merma del 12,6% respecto del total de 9.602.806 dosis adquiridas.

En ese contexto, desde la cartera explicaron que históricamente los años con mayores niveles de merma en la campaña de vacunación contra la influenza coinciden con aquellos en los que fue necesario adquirir dosis adicionales mediante trato directo. Esto, añaden, refleja periodos marcados por una alta volatilidad en la demanda, como ocurrió en 2020, 2021 y 2024, cuando factores sanitarios o comunicacionales incrementaron la percepción de riesgo y, con ello, la intención de vacunarse.

Con todo, las críticas no tardaron en llegar, e incluso hay parlamentarios que ya están solicitando la renuncia de la subsecretaria.