En el entorno de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco sabían que había una posibilidad cierta de que la Fiscalía Regional de Los Lagos tramitara una orden de detención en su contra para así apresurar su formalización en la trama bielorrusa por los delitos de cohecho y lavado de activos.

El fallo publicado el viernes por el máximo tribunal, que confirmaba la admisibilidad de la querella de capítulos ingresada en su contra, daba luz verde para la diligencia. Esto, a pesar de que la esperanza de la defensa era lograr que se citara a audiencia y la exjueza pudiese ingresar como una mujer libre a al Centro de Justicia de Santiago.

Pero las pretensiones y gestiones no rindieron fruto. La noche del domingo 25 de enero, a eso de las 23 horas, Vivanco salió esposada de su domicilio en Las Condes, rodeada de carabineros del OS7 y fue trasladada hasta dependencias de la 47° Comisaría.

Ahí pasó la noche y la jornada de este lunes fue trasladada en vehículo policial al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, haciendo ingreso a eso de las 9.30 de la mañana.

De esta forma, el Ministerio Público dejó en evidencia sus pretensiones referentes a que la exjueza permanezca privada de libertad y bajo custodia de Gendarmería. Y si bien hasta el cierre de esta edición no se había dado el debate de las cautelares que deberá cumplir -pues incluso su abogado intentó sin éxito anular la detención y programar una nueva fecha para la formalización-, ya está claro en qué recinto penitenciario ingresaría en caso de que el juez Cristián Sánchez acceda a la petición de la Fiscalía respecto a la prisión preventiva.

Se trata de un nuevo anexo habilitado en dependencias de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, que se encuentra totalmente aislado del resto de las dependencias y donde existen piezas y baños que no mantienen conexión alguna con el resto de los módulos del recinto.

Es como una suerte de Capitán Yáber para mujeres, destinadas para imputadas de alta connotación pública y donde Vivanco permanecería -si se decreta su prisión preventiva- sola, pues hasta el momento no hay internas que residan en dicho lugar.

Como pudo conocer La Tercera, fue hace meses que desde el Ministerio de Justicia se coordinó con Gendarmería la habilitación de una zona donde pudiesen ingresar a cumplir prisión preventiva mujeres imputadas por delitos económicos, de corrupción o de alta connotación, como lo es el anexo penitenciario Capitán Yáber, que es únicamente para hombres.

Así, hace alrededor de un mes y medio que se realizaron las obras en el nuevo módulo, por lo que de decretarse su prisión preventiva, Vivanco sería la primera imputada en hacer uso de dichas dependencias.

El debut de este módulo especial ocurre después de que en 2024 se transformara en un problema la ausencia de una cárcel VIP para mujeres. De hecho ese año, en medio de la discusión por las cautelares de los imputados del caso Audio, la defensora de Leonarda Villalobos, la abogada Alejandra Borda, criticó la existencia de un “machismo sistemático” dado que no existían cárceles como Capitán Yáber para mujeres. “Nos encontramos con algo que parece que estaba bastante invisibilizado y que tiene que ver con que, ante este tipo de delitos económicos y de baja peligrosidad, no existe un recinto para mujeres”, afirmó Borda en ese momento.

Su cuestionamiento incluso fue recogido por la jueza de esa causa, Estefanía Asenjo, quien en su resolución afirmó que “existe una diferencia de trato de género”.

El punto también lo comentó en ese entonces por el exministro de Justicia Luis Cordero, quien sostuvo que “la defensa (de Leonarda Villalobos) tiene razón, y lo que explica esto es que el sistema penitenciario chileno está diseñado, en su estructura histórica, como que las únicas personas que podían estar privadas de libertad eran hombres. La afirmación de que no existe para las mujeres que cometen ese tipo de delitos un lugar como Capitán Yáber es completamente cierta”.

Nueva defensa

Los días previos a que se concretara la detención de la exministra, ella y su entorno se encontraban evaluando un posible cambio de defensa.

En lo referente a la tramitación de la querella de capítulos, Vivanco estuvo representada por los abogados Carlos Mora y Carlos Pereira, aunque culminado dicho proceso optó por hacer un cambio.

Durante el fin de semana, de hecho, culminó dicho análisis y fue justamente el domingo, en las horas previas a la detención, que fichó a un nuevo penalista: Jorge Valladares.

Por lo mismo, su primera acción fue comparecer a la audiencia de este lunes, donde en primer punto pidió la nulidad de la orden de detención con miras a que se fije una nueva fecha de audiencia de formalización. Como expresó, el accionar del Ministerio Público sería del todo desproporcionado, pues en todo momento -insistió- Vivanco ha estado disponible para comparecer.

Argumentó, en el mismo sentido, que se habrían vulnerado sus garantías, ya que se trata de una mujer, adulta mayor, que se encuentra aquejada por enfermedades de base y que enfrenta un cáncer en estado de remisión. Sin embargo, el juez desestimó las pretensiones y dio pie a la formalización de los cargos.

La imputación

La Fiscalía formalizó a Vivanco por los delitos de lavado de activos y cohecho en el contexto del fallo de la Corte Suprema que favoreció al consorcio de empresas Belaz Movitec (CBM) -consorcio conformado por una firma bielorrusa y un socio chileno- contra Codelco.

Si bien otros imputados en esta causa ya habían sido formalizados, Vivanco no obtuvo esta calidad hasta la audiencia realizada hoy, pues, al momento de la investigación de los delitos presuntamente cometidos por la abogada, ella era parte de la Corte Suprema, por lo cual la Fiscalía tuvo que presentar una querella de capítulos que fue aceptada el pasado viernes por el máximo tribunal.

Según lo expuesto en la formalización por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, la exmagistrada habría recibido pagos por parte de los abogados del consorcio bielorruso, Eduardo Lagos y Mario Vargas, a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

Los pagos, que ascienden hasta los $ 90 millones, se concretaron a través de diferentes transacciones que se iniciaron cuando Lagos y Vargas recibieron $ 198 millones a través de su sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Jurídicas Limitada, por la defensa a CBM en el juicio contra Codelco.

El dinero recibido por Migueles habría sido movido entre las cuentas del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, su homólogo de Chillán, Yamil Najle, y el propietario de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada, Harold Pizarro.