Al interior del cuartel de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, los detectives analizan los antecedentes claves de algunos de los casos que han concentrado la atención de la ciudadanía... y de las autoridades. Hoy, los policías están analizando los antecedentes del caso Penta, tanto en la arista política como en la tributaria. En paralelo, siguen haciendo pesquisas en casos como las firmas de los notarios, las cuestionadas militancias a los partidos políticos, el supuesto lucro en las universidades, los falsos exonerados y el caso cascada, entre otros.

Para aclarar estas investigaciones y las otras 5.500 que ven aproximadamente en un año, la unidad cuenta con 68 detectives, divididos en siete grupos. Mientras que cuatro de estos están destinados a dar curso a las indagaciones que requiere el Ministerio Público, un quinto es denominado "de flagrancia".

El sexto grupo, creado a comienzos de este año, tiene como misión indagar los delitos realizados por funcionarios públicos, en que la víctima suele ser el mismo Estado. Esta agrupación, compuesta por siete detectives, es la que indaga el fraude por Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y sus ramificaciones.

El séptimo equipo tiene como tarea indagar el presunto lucro de las universidades. Este grupo, incluso, tiene peritos contables "de planta" para trabajar con ellos. El subcomisario José García, uno de los integrantes de esta agrupación, indica que "hemos investigado 11 universidades. Se está haciendo una pericia contable a cada universidad, para determinar que los pagos se materializaron. Si bien una factura puede estar contabilizada como egreso, para que nosotros cerremos el círculo, debemos tener la certeza de cómo fueron pagados".

El detective agrega que ya se están cerrando algunas indagaciones sobre casas de estudios. Entre las diligencias que han desarrollado "se pidieron los libros de compra de las universidades para saber si hay empresas relacionadas que han recibido pago. Generalmente, puede ser por arriendo o servicio. También se pidieron los libros de remuneraciones y honorarios para saber quiénes han recibido pagos".

El inspector Pablo Rivas, en tanto, es quien actualmente investiga el caso Eurolatina. Junto a su escritorio hay 400 expedientes, uno por cada víctima. Rivas, además, está investigando los casos de los supuestos falsos exonerados políticos.

El jefe de la unidad, subprefecto José Gutiérrez, señala que el "delito más común es la estafa, en todas sus formas, acompañada de apropiación indebida". Detalló que uno de los casos más corrientes son las empresas falsas, que compran especies a distintos proveedores y después desaparecen.