EL 28 de junio pasado, la Presidenta dio por concluida la primera fase del llamado "Proceso Constituyente", calificándolo como un hecho "inédito en la historia" y señalando que pese a la existencia de voces escépticas "primó la confianza".

La realidad, sin embargo, era distinta. A pocas horas de terminada la ceremonia, el propio Patricio Zapata, Presidente del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso, reconocía que pese al cierre, se debería ampliar el plazo para subir las actas de los encuentros locales en respuesta a las fallas por varias semanas de la plataforma electrónica. Para colmo, tres días después, el mismo Consejo de Observadores manifestó su "grave preocupación" al Ministerio del Interior respecto del tratamiento de los datos de los participantes durante el proceso, luego de un informe lapidario del Consejo para la Transparencia al respecto.

Lo anterior es solo el corolario de casi dos años de errores, improvisaciones y una actitud contumaz del Gobierno de tratar de legitimar, sin hacer cambios, un proceso que a todas luces hasta ahora ha carecido de la participación y transparencia suficiente.

Los esfuerzos del gobierno y en oportunidades del propio Zapata por tapar el sol con un dedo no han dado resultado y los cuestionamientos exceden por mucho a la sola "trinchera política". Las críticas más duras provienen precisamente de académicos, ciudadanos, sociólogos y políticos de distintos sectores, que han objetado graves falencias en un proceso que por su naturaleza no puede improvisarse ni sostenerse sobre la base de buenas intenciones.

A inicios de junio Mauricio Morales, académico de la Universidad Diego Portales, criticaba la irrelevancia "en términos institucionales" del proceso; desde el Foro por la Asamblea Constituyente han calificado las cifras de participación como "miserables"; el Consejo para la Transparencia emitió un pronunciamiento señalando que en materia de recolección y uso de datos personales de los participantes, éste no se ha ajustado "a las normas legales respectivas", cuestión que algunos miembros del CCO calificaron como "una negligencia grave e inexcusable"; y el exministro de la Concertación  Jorge Correa Sutil señaló que las cifras no son representativas de la voluntad popular.

A este proceso le queda la sola fachada de participación y legitimidad. Se buscaba que fuera representativo pues el Parlamento -supuestamente- no lo era y, sin embargo, pese a rebajar los mínimos de participación, en algunas comunas no se logró convocar a más de 20 personas.

Se ofreció un proceso ecuánime y pluralista, pero a los pocos días se supo que la gran mayoría de los "facilitadores árbitros" eran activistas de izquierda. Se hablaba de un proceso equilibrado, pero no hay semana que el Consejo de Observadores no repare al gobierno algún aspecto relevante, y pese a ello, no lo corrigen. Se objetó el sesgo ideológico en la campaña comunicacional que el gobierno tenía preparada y se le puso en jaque por la forma como están administrando los datos personales de los ciudadanos que participan de buena fe.

¿Qué más se necesita para concluir que este proceso sin cambios radicales no va a ninguna parte? 

Lo preocupante de todo esto son las ilusiones y expectativas de quienes han participado confiados en él.  A dos años de haber asumido el gobierno, la gran promesa se ha convertido en un gran fracaso, y hoy tenemos una sola certeza: en este gobierno no habrá nueva Constitución y lo que es peor, tampoco hemos conocido una sola propuesta constitucional de ellos.

De no haber cambios, habremos dedicado tiempo y recursos a discutir sólo un procedimiento propuesto por este gobierno. Y seamos honestos, un procedimiento que se cae a pedazos.