El 30 de agosto, a las 9.30, se desarrolló la segunda declaración -en calidad de imputado- del ex director de Administración y Finanzas de la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Manuel Olivares.

Además de ahondar en cómo operaba el presunto fraude ocurrido entre 2011 y 2012, en que dijo que se hicieron pagos por prestaciones no realizadas y añadió que parte de estos dineros habrían llegado a la campaña senatorial del ministro de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga, Olivares abarcó una segunda supuesta irregularidad.

El ex directivo dijo ante la fiscal Centro Norte, Macarena Cañas, que “la fundación fue utilizada igual que en caso MOP-Ciade, en que se usó la misma facultad para el pago de sobresueldos políticos”. Esta causa consistió en la triangulación de dineros a través de la firma de un convenio de asesorías suscrito en agosto del año 2001, por $ 428 millones, entre el MOP y el Centro de Investigaciones Aplicadas de Economía (Ciade). Estos recursos que fueron destinados al pago de sobresueldos del personal de la Dirección de Obras Públicas.

“Había, a mi juicio, situaciones poco claras. Es el caso de David Bravo (el economista que encabezó la propuesta para cambiar el sistema previsional), tenía un sueldo como profesor de la facultad ascendente a unos $ 6 millones, y al mismo tiempo tiene un contrato con la fundación en que se le pagaba, además, entre $ 8 millones y $ 12 millones mensuales. Además, tenía una empresa propia, que se llama Asesorías Macroeconómicas, adjunté el contrato en esta declaración, en que se le pagaba otro monto similar”, declaró Olivares, y añadió que “lo mismo ocurría con (el ex ministro de Hacienda) Alberto Arenas. Tenía un contrato con la fundación ascendente a entre $ 8 millones y $ 12 millones mensuales”.

Fuentes cercanas al ex secretario de Estado señalaron que, efectivamente, tenía un contrato con la fundación, pero no poseía otros ni como académico ni con la Facultad de Economía. De hecho, recuerdan que en 2014 en una investigación del sitio Ciper Chile sobre este tema, el decano de la facultad, Manuel Agosín, indicó que “Alberto Arenas (...) nunca fue académico y no tuvo nunca un contrato con la facultad. Sí tuvo contratos con la fundación por proyectos que él gestionó para el Centro de Microdatos”.

El imputado también declaró que los contratos de Bravo y Arenas llegaron a la entidad a través de la profesora Patricia Medrano. Agregó que en el verano de 2012 hubo un almuerzo reservado en que participaron él, Medrano, Bravo, Arenas y el director de la fundación, Luis Felipe Mahaluf. Ahí se acordó “separar Microdatos, constituir una sociedad diferente, hacerla funcionar de manera privada con acceso por calle Portugal, para protegerla de los cuestionamientos”.

Bravo dijo a La Tercera que “la fiscal me citó como testigo en mi calidad de director del Centro de Microdatos de la época y profesor”. En relación a lo de “sobresueldos políticos (que declaró Olivares), es la primera noticia que tengo (...). En 2011 y 2012 trabajaba con un contrato de 22 horas con la facultad y dedicaba mi tiempo a diversas labores”. Señaló que “los pagos a la sociedad de mi propiedad correspondían a honorarios referidos al último tipo de proyectos que generaron beneficios a la universidad”. En cuanto a la reunión a la que hace referencia Olivares, dijo que “con Mahaluf y Medrano nos reuníamos de manera periódica para ver el funcionamiento de los proyectos. En alguna oportunidad, seguramente en 2012, también nos reunimos con Alberto Arenas, quien estuvo a cargo de un proyecto internacional del centro”.

El testimonio del ex directivo de la Fundación FEN también abarca otros elementos de cómo se orquestó la defraudación. Indica, por ejemplo, que en una reunión participó con el ex jefe de gabinete de Undurraga, Miguel Espejo, que está sobreseído en el caso, y el director de la fundación, Luis Felipe Mahaluf, quienes le entregaron varios post-it con los nombres y los montos de los contratos que debía realizar con la entidad estatal.