Gobierno evalúa asignación directa de Casen 2013

El ministro de Desarrollo Social , Bruno Baranda, adelanta que esta es la opción más viable para efectuar la encuesta luego de que no hubiese oferentes en su licitación, y reafirma el compromiso del Ejecutivo de realizarla este año.




Obligado a cancelar su agenda se vio el jueves el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, luego de que se conociera que -por primera vez- el Ejecutivo declaró desierta la licitación del trabajo de campo de la encuesta de Caracterización Socioconómica Nacional (Casen) correspondiente a 2013. La resolución fue consecuencia de que hasta la fecha de cierre de la convocatoria -12 de julio- no hubo oferentes que presentaran propuestas para hacerse cargo del proceso, situación que abrió dudas sobre la viabilidad de la encuesta para este año y sobre si, eventualmente, no podría haber una nueva suspensión, tal como en 2012.

Pero el ministro Baranda desestima de plano esa opción, asegurando que el gobierno sigue con la convicción de llevar a cabo la Casen este año, y puntualizando que ante este nuevo escenario se encuentran barajando dos caminos.

"En los próximos días tenemos que definir si perseveramos en un proceso de licitación, consciente de que los plazos están muy ajustados, o desarrollamos un proceso de trato directo", detalla.

De llevarse adelante una nueva licitación, explica, se deben considerar los plazos mínimos exigidos legalmente para este tipo de transacción, más un período de preparación para la institución que ejecute el proceso. En ese sentido, advierte que los tiempos requeridos podrían coincidir con el cronograma de la encuesta, cuyo levantamiento de datos debe comenzar durante la segunda semana de octubre. "Los plazos son estrechos como para aventurarnos a una nueva licitación", concluye el ministro.

TRATO DIRECTO

La apertura de un concurso para definir quién haría el trabajo de campo de la Casen se efectuó por primera vez en 2009. Ese año, se ganó la adjudicación la Universidad Alberto Hurtado, mientras que en las mediciones 2011 y 2012 -que finalmente fue cancelada tras cuestionamientos metodológicos- la triunfadora fue la Universidad de Chile. Además, desde 1987 y hasta 2006, esa casa de estudios ya había sido la institución responsable del levantamiento de la información, a través de un mecanismo de asignación directa. Volver a esta modalidad, según el análisis de Baranda, sería la opción más viable para superar el actual traspié.

Cuando se declara desierta una licitación, no existe la obligación de convocar a distintas entidades, pudiendo el Ejecutivo llegar a un acuerdo directo con una, que esta vez, y debido a las restricciones contempladas en el Presupuesto 2013, debe ser una universidad. Sin embargo, Baranda señala que el jueves inició una serie de reuniones con "cuatro o cinco instituciones", entre las que no sólo se encontraban casas de estudio. El objetivo, señala, es conversar con interesados para conocer sus planteamientos y resolver parte de los inconvenientes que pudieron haber afectado el proceso de licitación. De optar por la vía del trato directo, el gobierno escogería una de las instituciones con las que ya conversó.

En este contexto, menciona que una universidad señaló su interés por participar en alianza con una empresa con experticia en encuestas, mientras que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile también habría manifestado su disposición. "Algunas instituciones se pueden agrupar y hacer un consorcio para presentarse en conjunto, lo que haría más expedito el proceso y, quizás, justificaría más el trato directo", precisa.

Pese a esta alternativa, el titular reconoce que se deben implementar cambios para lograr atraer y concretar el interés de las entidades. Por eso, asegura que están "trabajando en los comentarios y observaciones" que han recibido, estudiando el "margen de adaptabilidad" con el que cuentan para aplicar cambios.

"Las instituciones nos han dado razones económicas, pues algunas creen que el presupuesto estimado ($ 1.411 millones) respecto del trabajo exigido es bajo. En segundo lugar, también se han mostrado inquietos respecto de la excesiva regulación en cuanto a los incumplimientos y a las multas, que son más elevadas que en años anteriores y que es una materia que hoy precisamente estamos revisando. También me han señalado como preocupación los plazos de pagos (...). Por otra parte, aquellos que no son universidades han manifestado la inquietud de haber querido participar, pero por una glosa establecida en el presupuesto de este año se limitó la participación sólo a universidades, lo que restringe enormemente el universo de interesados", manifiesta.

Dado lo anterior, están evaluando "los márgenes tolerables para acoger algunas de las inquietudes", con el fin de "tener en las próximas horas reuniones que nos permitan avanzar con algunas instituciones", sostiene Baranda. Por el momento, adelanta que podrían acceder a modificaciones en el monto asignado para el trabajo de campo y en flexibilizar los plazos asociados al proceso.

"Esta encuesta tiene dos etapas y la fundamental es la segunda, que parte la tercera de semana de noviembre y culmina la tercera semana de enero, y que es la que permite la comparabilidad con las mediciones anteriores. La primera etapa que se realiza entre la segunda semana de octubre y la segunda de noviembre, a juicio de los propios especialistas, podría tener mayor flexibilidad. Eso permitiría margen en los tiempos", añade.

De todos modos, reconoce que entre las inquietudes que recogieron se encuentra la preocupación porque aún no se define el panel de expertos que determinará quién hará el cálculo de la pobreza (función que hasta el año pasado realizó la Cepal, que decidió marginarse del proceso tras las críticas a la entrega de los resultados).

¿COMO SIGUE EL PROCESO?

El ministro afirma que en los próximos días el Ejecutivo anunciará la nómina del panel de siete expertos "ligados al mundo de la ingeniería, de la economía, de la estadística", que tendrán como misión "acompañar todas las etapas del desarrollo de la encuesta Casen 2013, desde el inicio hasta, incluso, la difusión de los resultados". Esta entidad también deberá recomendar quién va a ser la institución que haga el cálculo de la pobreza.

Pese a que estaba previsto que este comité tuviera un carácter transitorio (mientras se aprueba el proyecto que dará mayor autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas, INE), Baranda asegura que estudian constituirlo de manera permanente. "De tal forma que desligue a la encuesta Casen de consideraciones políticas, de los gobiernos de turno o de consideraciones electorales", argumenta.

Asimismo, si bien enfatiza que el cronograma de trabajo se mantendrá intacto, admite que junto con el inconveniente en la licitación se presentó otro imprevisto. "El INE informó al ministerio que postergará de agosto a octubre la publicación de los resultados de la última Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)".

"Les entregamos recursos complementarios para cumplir. Estamos fortaleciendo los equipos de trabajo y hemos sostenido reuniones de coordinación (...), si entregan en octubre los antecedentes comprometidos la comisión podrá darnos su informe a fines de diciembre o a comienzos de enero", puntualiza Baranda.

La EPF recolecta la información respecto de los productos y servicios en los que las personas gastaron sus ingresos desde noviembre de 2011 hasta 2012, lo que permitirá actualizar la canasta de necesidades que define el valor de la línea de pobreza, actualmente de $ 72.098 mensuales per cápita. Ese valor resulta al multiplicar por dos una canasta básica de alimentos que fijó la EPF de 1987.

Mientras, Baranda cuenta que sigue en curso el diseño del nuevo cuestionario -que incluirá nuevas preguntas orientadas a medir, por ejemplo, el acceso a servicios-, instrumento que se estaría testeando en una muestra pequeña de la población. Sin embargo, es enfático en señalar que la decisión de qué preguntas compondrán el cuestionario dependerá de las dos comisiones en marcha. También anticipa que la realización de la Casen 2014 ya se encuentra considerada en el presupuesto fiscal que se prepara para el próximo año.

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