Mineduc evalúa impuesto a titulados para llegar a gratuidad universal en educación superior

A días de que el Mineduc envíe un nuevo proyecto de ley al Congreso, el de Plan Nacional Docente, los rectores y expertos en educación superior cuentan los días para saber en qué consistirá la misiva que viene a modificar el sistema de financiamiento, acceso, institucionalidad y calidad actual.

La iniciativa legal, que es trabajada hace meses por un círculo pequeño de asesores en el Mineduc,  y a cuyo contenido tuvo acceso La Tercera, no ha estado exento de polémicas que han demorado el avance de la "ingeniería en detalles". Uno de esos traspiés fue el presupuesto con el que contará el proyecto para llegar a la meta de gratuidad universal.

La reforma tributaria se espera que recaude el 3% del PIB. De esa cifra, el 2% costeará la reforma de educación. Según fuentes cercanas al Mineduc, la metodología para alcanzar la meta del gobierno -que contempla fijación de aranceles y requisitos en límite de años de estudio y de cursos reprobados- es muy costosa y se calculaba, hasta principios de este año, según el borrador, en al menos la mitad de los recursos destinados para la cartera.  Un análisis financiero que complicó a la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc ya que, en un principio, se  contemplaba ocupar para gratuidad sólo  el 30% del fondo total destinado a educación.

Entonces, ¿cómo el gobierno alcanzará la gratuidad? La primera respuesta es que se hará de forma gradual y en este gobierno sólo se alcanzará al 70% más vulnerable. Además, los asesores del Mineduc están pensando en un sistema mixto que contemple que un alumno que ingrese al sistema de educación superior estudie gratis y luego al trabajar devuelva parte de lo gastado vía impuesto, el que dependerá de la renta. Es decir, un impuesto al graduado.

Esta idea  dividió al Mineduc: por una parte soluciona el problema del déficit, sin embargo, complica políticamente el mensaje de gratuidad que se prometió durante la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Según trascendió, se podría confundir con un crédito contingente al ingreso, como funciona hoy el Crédito con Aval del Estado (CAE). La diferencia del crédito con el impuesto, es que éste se descontaría por el sistema tributario y no por una empresa recaudadora.

Las opciones que se barajan consideran que el impuesto sólo sea descontado por un período de años determinados (y no por el total del monto adeudado) y afectaría al grupo de profesionales con mayores remuneraciones.

Sin embargo, desde el Mineduc desmintieron que haya déficit ya que "los cálculos no se pueden hacer mientras no haya más claridad sobre los que se acogerán al régimen de gratuidad y dicho régimen está en evaluación".

Una falta de cálculos que complicó, también, según cercanos al Mineduc, el avance del proyecto y que fue compartida por un grupo de expertos del Banco Mundial que ha asesorado todo el proceso de elaboración.

Según fuentes cercanas, los académicos extranjeros sugirieron habilitar  un sistema de contabilidad que transparente cuánto y en qué gastan las universidades en docencia. Con esto, se podría determinar cuánto vale por carrera el costo de la docencia (cuyo monto será el que considere la gratuidad. La investigación, por ejemplo, será financiada con otros recursos).

ARANCEL BASAL

Desde La Moneda sostienen que el borrador del proyecto contempla, además, un arancel basal que va a ser igual para todas las carreras símiles. Es decir, medicina costará lo mismo para el Estado, independiente del plantel en que se ofrezca.

Mientras los asesores avanzaban en el detalle, surgió otro problema: la estratificación de los planteles. En el país existen planteles con el máximo de años de acreditación y que aparecen en ranking mundiales, como la Universidad Católica, por ejemplo. Pero también existen universidades con baja o sin acreditación.

En esta lógica, se está pensando en adoptar un sistema similar que agrupe a las instituciones: A, B, C y D. En la letra A se ubicarán, en el caso de las universidades, aquellos recintos con máxima acreditación y con investigación, por ejemplo.

Considerando la escala de planteles, el arancel basal -que es el mínimo de cobertura que dará el Estado- estará en el rango C. Los recintos por debajo de ese estándar de calidad también podrán recibir el apoyo basal, el cual será condicional y amarrado a un convenio de desempeño, en el que tendrá un plazo de al menos dos años para subir en la escala.

En tanto, según trascendió, los recintos en los puestos superiores podrían recibir mayores aportes monetarios dependiendo de su nivel de calidad, número de alumnos provenientes de zonas extremas y vulnerables.

LUCRO

Otra de las aristas que contempla el borrador de la misiva es la idea de terminar con el lucro en los centros de formación técnica (CFT) e Institutos profesionales (IP),  que actualmente pueden perseguir el lucro. La medida sería requisito para acceder a dineros estatales, al igual que la Ley de Inclusión que afectará a la educación escolar y que fue aprobada por el Congreso a fines de enero.

Según trascendió, esta parte de la normativa vendría integrada en un proyecto distinto al que ingresará este año.

Para el sistema universitario, donde se prohíbe el lucro, operaría la fiscalización en manos de la Superintendencia, que contempla prohibir los contratos con entidades relacionadas, entre otros puntos.