EL AUMENTO de 10,6% de los delitos a nivel nacional que reveló el último informe del Ministerio Público no debiera sorprendernos. Durante estos dos últimos años hemos estado en presencia de una política errática, llena de anuncios grandilocuentes, pero poco efectivos.

 Es bueno recordar cuáles han sido las grandes medidas anunciadas por el Ejecutivo, como lo planteado por el subsecretario en una entrevista donde dijo: "Nosotros vamos a destruir el mercado de bienes robados en Chile". Propuso también subir las penas y desincentivar el uso de armas de fuego, ofreciendo recursos monetarios para la entrega de armas. Señaló que hay que rehabilitar entregando oportunidades laborales a los reos, atender con una terapia importada de Estados Unidos a 800 jóvenes infractores y buscar un sistema de botón de pánico para los vecinos desde el celular.

Respecto de este último anuncio, la disminución del ingreso a la carrera delictual de 800 niños (un nuevo modelo importado), es bueno tener presente que sólo en Peñalolén los ingresos al año son de 1.600 aproximadamente, no muy distinto al resto de comunas populares. Si bien existe una oferta para los jóvenes de la comuna, a través del programa Vida Nueva, es necesario que esa oferta esté articulada y que se trabaje en red. Ningún programa que se inicie -por muy exitosos que sean sus resultados a nivel internacional- cuenta con el éxito asegurado si no se integra de manera eficiente a la red local a los espacios de retroalimentación con cada uno de los actores  y si, además, no está adaptado a la realidad particular del país. Estos modelos en EEUU han tenido un fuerte soporte social, desde asistencialidad básica, hasta oportunidades laborales para las familias incorporadas, lo que aquí no se ha planteado.

No se duda de la buena intención de estas medidas, pero el problema ha sido que no existe una política integral en seguridad ciudadana. El Plan Chile Seguro es un paraguas demasiado amplio como estrategia nacional de seguridad pública- y cuando hay que operacionalizar los ejes, éstos se convierten en parafernalia.

Un punto importante sería retomar el trabajo intercomunal. Actualmente, el gobierno trabaja sin una coordinación enfocada en aportar soporte institucional a los municipios, que fue lo que permitió avanzar en la baja sostenida de la delincuencia. Otro de los errores fue la incorporación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias a los fondos concursables, dividiendo los recursos al interior de las comunas, no dándoles sustentabilidad en el tiempo a las intervenciones.

 Todo esto ha llevado a que el aumento de las cifras se concentre en los delitos de robo a la propiedad privada y las lesiones, justamente a los que más ha orientado su política el gobierno. Es hora de reinstalar la mesa existente con el mundo de la academia y los gobiernos locales por el tema de la delincuencia. Es el momento de un gran pacto  por un Chile Seguro, con la ciudadanía, con el nivel político y con los gobiernos locales.

Si no entendemos que el combate a la delincuencia debe ser una política integral y de Estado, si no dejamos de lado el tinte político, difícilmente las cifras van a bajar.