Partamos por lo evidente: el fallo de la contralora Dorothy Pérez sobre la exministra Steinert es lapidario. No hay cómo dar vuelta -o “armar un relato”- contrario. Contraloría concluyó sin ambages que Steinert actuó “fuera de sus facultades legales” al pedir, a través de un oficio, información reservada a la PDI sobre una investigación en curso.

Recordemos que, recién llegada al cargo, la exfiscal pidió un informe sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una causa penal en Iquique contra el Clan Chen. En particular, pidió información sobre cuatro detectives que fueron sacados del equipo a cargo de la indagatoria -que ella lideró en Tarapacá- y sobre por qué fueron trasladados hasta otras regiones.

Además de pedir este informe relacionado con su rol anterior, obviando el conflicto de interés, luego Steinert sacó de su cargo a la subprefecta Consuelo Peña (aunque en lo formal, fue el director de la PDI quien se lo solicitó). Sus acciones, temerarias, crearon controversia en la PDI y dejaron en un pie muy complejo a su director.

Ella siempre defendió su actuar. El gobierno también lo hizo. Hasta que ya no pudo defenderla más (sabían que el informe de Contraloría “venía malo”) y la sacó de su cargo, en el cambio de gabinete más exprés desde el retorno a la democracia. Pero estaba pendiente la calificación de Contraloría.

“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, se lee en el dictamen. Además, agrega el documento, actuó mal con los funcionarios de la PDI: al pedir información con ese nivel de detalle, los expuso, ya que estos datos “permitirían su individualización y ubicación actual, entre otros elementos que, conforme a la ley, deben ser resguardados”.

La bomba cae cuando podría parecer inocua, pues la exfiscal ya no ocupa el cargo, aquel cargo que nunca aprendió a habitar. Pero la respuesta del gobierno, así como algunas señales desde sectores opositores, muestran que puede que este fallo ahonde problemas ya existentes, tanto en el oficialismo como en la oposición.

Por el lado del gobierno, este aún no asume ninguna responsabilidad en haber puesto a una persona no apta para el cargo más relevante respecto de la expectativa que sembró. No solo no tenía un plan de trabajo, ni pensaba que era necesario tenerlo, sino que tampoco manejaba mínimamente el marco legal desde donde podía operar. Llamar a eso descriterio sería un eufemismo.

Pero el ministro del Interior (y vocero), Claudio Alvarado, no solo no hizo un mea culpa, sino que dijo, condescendientemente, que “todos los ministros podemos cometer un error”. Faltó decir: si trabaja en este gobierno. Porque para el anterior, la regla no vale. La retórica gubernamental actual es que todo es culpa del gobierno anterior, el desempleo, el bajo Imacec, la posibilidad de una temida recesión técnica. Sin hacerse cargo de que, como dijo el exministro Marcel, hay un efecto adverso en la economía por el traspaso del alza del precio de los combustibles, una decisión de este gobierno. Además, el partido del Presidente Kast acaba de acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda por razones que no eran jurídicas, sino de su desempeño. ¿Cualquier ministro se puede equivocar? Parece que no.

Pero la oposición tampoco está tomando este fallo como una oportunidad de desmarcarse de la política de la revancha, del juego de suma cero. Hay una pulsión, en parte de la izquierda, de hacer uso ahora de su derecho a venganza, a través de una AC contra Steinert, pese a que ya no es ministra y que difícilmente después del dictamen de Pérez tendrá otro cargo en el gobierno (sería un premio de consuelo inexplicable). Sería insólito que quienes la semana pasada clamaban que la AC era un artefacto de desgaste democrático, ahora intenten usarla contra Steinert (así como sería insólito que quienes ayer defendían su acción contra Grau, ahora digan que no procede).

En medio de lo difícil que ha sido para la centroizquierda y la izquierda articular un relato y una identidad en estos tiempos, encontrar una voz y un lugar propios que no se limiten a oponerse a todo, para algunos es tentador obtener visibilidad y viralización por esta vía.

Pero ¿qué pensarán los desempleados, especialmente las mujeres y los jóvenes, o quienes sufren y temen la delincuencia, al ver a la oposición dedicada a distraer al Congreso en un espectáculo inútil y hasta frívolo como ese?

La diputada Pamela Jiles fue gran guaripola de la AC contra Grau; tomar ahora la posta e impulsar una AC contra Steinert sería, sin duda, perder toda consistencia y caer en su juego. O, como dice Jiles, PDgizarse. Suicidio estratégico y táctico: las personas siempre prefieren el original a la copia.