Dentro de la “batalla cultural” —esa disputa por la hegemonía de la agenda pública entre la nueva generación de izquierda y las derechas—, la educación se ha erigido en el principal escenario de confrontación, convirtiendo al CAE en su fetiche ideológico y emblema. Sin embargo, todos los sectores omiten del debate tres dimensiones públicas clave: la flagrante ausencia de responsabilidad política sobre el financiamiento, la empleabilidad de los egresados y la urgencia de evitar que el pago del crédito profundice las brechas sociales, perpetuando la denominada “mochila social”.

A más de dos décadas de su génesis, las consideraciones respecto del CAE distan mucho de aquel discurso de 2005 donde Ricardo Lagos planteó su orgullo por esta política que buscó resolver la alquimia de aunar recursos financieros, empleo y movilidad social. El mecanismo se justificó bajo una premisa de inclusión innegable: este auxilio bancario permitió que siete de cada diez estudiantes fueran la primera generación de sus familias en romper el cerco del acceso universitario. Pero, una década después, en el balotaje de 2017, Piñera y Guillier coincidieron en la urgencia de sustituirlo.

Mientras el candidato de centroizquierda propuso un financiamiento basal y gratuidad gradual con condonación para el 40 % con menos recursos, el segundo planteó un crédito estatal solidario sin bancos. Las fórmulas eran distintas, sin embargo, la convergencia en el diagnóstico era histórica: el CAE estaba agotado.

Esta voluntad quedó consagrada en el artículo 122 de la Ley N° 21.091 (2018), que ordena un nuevo diseño estatal para sustituirlo. No obstante, el mandato quedó paralizado: los proyectos de ley consagrados en los boletines N° 11616-06 de Bachelet II, N° 11822-04 de Piñera II y el N° 17169-04 de Boric naufragaron en el Congreso.

La omisión del Parlamento derivó en un sistema de cobranza brutal que hoy opera bajo una lógica de castigo; un estilo de disciplinamiento moral y financiero que evoca directamente la retórica de José Antonio Kast. Con todo, nadie repara en la total carencia de medidas razonables y con rostro humano dentro de un andamiaje ya obsoleto, cuya transición sigue bloqueada por la negligencia de un hemiciclo atrapado en el cálculo político.

Esta parálisis golpea con particular dureza la promesa de movilidad, desnudando un mercado de títulos profesionales sin correlato en la empleabilidad; un diagnóstico que el propio expresidente Lagos explicitó en 2016, pero que no llegó a las familias que ya se habían endeudado con la banca. En ellas se incubó un profundo disgusto al constatar que el Estado no respondió a su promesa de bienestar y ascenso social.

El sistema también fracasa gravemente en términos de equidad distributiva: más del 65% de los deudores proviene de los tres primeros quintiles -en simple, la clase media-baja y los estratos más vulnerables de la población-. Semejante escenario vuelve inexcusable la renuncia del Estado a articular herramientas de alivio financiero, desconociendo el precedente de la Ley N° 19.083 de reprogramación bajo la administración de Patricio Aylwin.

Todo revela contradicciones flagrantes. Por un lado, un Ejecutivo implacable al exigir el cumplimiento de obligaciones a sus ciudadanos, cuyo rigor aplica además selectivamente sobre los grupos más vulnerables del país. Por otro, un Legislador amnésico cuando le toca honrar sus propias leyes. Un escenario de desatención e indolencia que pronto se tornará insostenible.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, U. de Chile