Vicente Stiepovich, Director Social de TECHO-Chile y FV

Los resultados de la última encuesta Casen, lamentablemente, no son una sorpresa. No es novedad que en Chile algunos han mantenido -e incluso aumentado- su riqueza en los últimos años. Y, por el contrario, ya es habitual conocer múltiples casos de personas que han perdido el trabajo y han logrado subsistir con sus 10% de los fondos de las AFP, ayudas estatales y con mucho esfuerzo han logrado no caer en la pobreza. Tampoco debiera llamarnos la atención que hay un Chile que ha sufrido durante muchos años viviendo en la máxima precariedad.

Esta Casen no es más que un espejo de tres Chiles diferentes: el de los aventajados, que han aumentado su riqueza en la crisis más profunda del último tiempo; el de los vulnerados, que viven con el temor día a día de caer en la pobreza; y el que más nos duele: el de los abandonados y desprotegidos. Un Chile que no tiene redes de apoyo, que tuvo que irse a vivir a un campamento porque no tiene más opciones donde vivir, que ha tenido que alimentarse gracias a ollas comunes durante todos estos meses, que no puede pedir un crédito en el banco y que ni siquiera está en el Registro Social de Hogares para postular al IFE. Un país que vive en la informalidad y al cual las instituciones han abandonado, fruto de una segregación que se ha hecho aún más profunda con la distancia de la pandemia.

Hoy podemos ponerle números a este Chile abandonado: sabemos que un 10,8% de la población vive en la pobreza según ingresos, y que se han duplicado las personas que la viven al extremo, a más de 830.000. Y este dato incluye los bonos dados por el gobierno en el marco de la pandemia. Sin estas ayudas estatales, la pobreza por ingresos habría aumentado a un 13,7%. La situación es alarmante y, a esta altura, una emergencia nacional. No podemos mirarlo con ligereza.

Y esta es una tendencia que hemos apreciado en campamentos durante los últimos 10 años y, más profundamente, con el aumento de un 75% de familias viviendo en ellos entre 2019 y 2020. Día a día nos toca conocer campamentos formados en el último tiempo, con personas jóvenes y llenas de sueños, que, lamentablemente, han visto como única salida para dejar el hacinamiento, los arriendos abusivos o el allegamiento, el irse a vivir a estos lugares.

Junto a las medidas y acciones inmediatas, en tiempos de campaña presidencial y de nuestra histórica Convención Constituyente, debemos construir soluciones de largo plazo, porque los ingresos de emergencia o bonos, si bien son indispensables hoy, pueden ser poco sustentables en nuestro -evidenciado- frágil sistema social.

Cuesta entender que todo Chile no se escandalice con la brutalidad de la diferencia entre las personas más ricas y las más pobres de nuestro país. El 10% de los hogares de mayores ingresos recauda 251,3 veces los ingresos autónomos del 10% de los hogares de menores ingresos. En 2017 esta diferencia era de 30,8 veces más. Esto es dramático. Hoy la población que antes era pobre, es muchísimo más pobre.

Y la pobreza no son solo números a gestionar o medir. La pobreza es dolorosa y dura, y sobre todo real; y nos debe incomodar saber que hay personas que hoy están quedando abandonadas por el sistema. Tenemos que ponerle rostro al Chile que sufre y empatizar con la angustia que miles de familias viven diariamente.

No es aceptable este nivel de pobreza y desigualdad. Debemos enfrentarlo con urgencia, determinación y sentido de comunidad, para dejar de ser tres Chile distintos. No queremos que existan aventajados, vulnerados y abandonados; sobre todo porque hoy podemos y debemos construir un solo país, donde nadie quede en desamparo.