En mayo, el Presidente Kast cuestionó el financiamiento público a investigaciones que– según él–“termina[n] en un libro precioso”, pero no crean empleo. Una vez conocidas las nuevas bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado para 2027 –las cuales fijan, inéditamente, diez áreas temáticas prioritarias, susceptibles de concentrar hasta el 70% de las adjudicaciones del concurso–, la sensación de la comunidad científica fue similar a la de un déjà vu. Las numerosas reacciones en medios de comunicación y redes sociales repiten una misma tesis: las prioridades gubernamentales (entre las cuales figuran la inteligencia artificial, la productividad y la seguridad) responden menos al propósito de asignar eficientemente recursos que a un desprecio por las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Antes y ahora, esas disciplinas son degradadas a la categoría de saberes suntuarios, ornamentos que, en el mejor de los casos, adornan bibliotecas u otros espacios.

La verdad sea dicha, la sospecha de sesgo ideológico trasciende las políticas de este gobierno. Martha Nussbaum ha alertado sobre una crisis silenciosa que lleva instalada por décadas en el mundo. Sociedades “sedientas de ingresos” optan por “desechar” la capacidad humana de enjuiciar críticamente el pasado, el presente y el futuro. Los efectos no se han hecho esperar, y son graves y acumulativos. Afectan, sobre todo, nuestra convivencia social y la vida democrática. No es posible pretender encerrar, predeterminar o rigidizar el conocimiento, sin perder capacidad de cambio y adaptación social. También dañan el mercado y la competitividad (sí, leyó bien). Veamos un ejemplo actual. La filosofía ha encontrado una nueva veta laboral gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Así, Anthropic y Google DeepMind están reclutando filósofos/as para encarar los desafíos, intelectuales y morales, que estas nuevas tecnologías entrañan. La paradoja está servida: mientras esos gigantes tecnológicos consideran a las humanidades imprescindibles, el Estado chileno las “ningunea”.

Cuando el Estado descarta saberes, quienes sufren son sus ciudadanos, entre otras cosas, porque el mismo Estado deviene ineficiente. Pensémoslo bien (después de todo, es gratis hacerlo). ¡Cuánto podríamos ahorrarnos en recursos y dolores de cabeza si el Estado diseñara y aplicara políticas públicas basadas en evidencia! Hagamos el siguiente ejercicio mental para comprobarlo: si en lugar de quejarse por sus propios desaguisados (v. gr. los impactos de la Ley Karin), promover medidas efectistas (v.gr. punitivismo como estrategia de seguridad), o engolosinarse con propuestas inmorales (como obligar a escuchar el latido fetal para aumentar la natalidad), nuestros representantes aprovecharan el conocimiento que el mismo Estado financia, ¿no mejoraría, acaso, la rentabilidad social de la investigación? La receta está, después de todo, bastante a la mano; pero supone apuntar con el dedo hacia otro sitio.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile