Columna de Daniel Rodríguez: Seamos realistas, pidamos lo imposible
La vieja consigna de Francia en mayo del 68 parece una descripción triste de lo que ha terminado siendo una enrevesada forma de cumplir la promesa electoral de condonación universal de las deudas educativas del programa de gobierno de Apruebo Dignidad.
Primero, el realismo. Es y siempre fue evidente que la promesa de condonar el CAE, con un costo estimado de 11.000 millones de dólares, estaba fuera de las posibilidades del Estado de Chile. El momento de estrechez fiscal, además, convertía lo imposible en irresponsable. Pero el gobierno persistió, aumentando con su discurso varios puntos la morosidad del CAE y empeorando el problema que quería solucionar. Entonces, se propone ahora un plan de condonación etiquetado de responsable por parte de las autoridades de Hacienda. Pero este realismo es mágico. No solo se nos argumenta que el costo fiscal inicial será muy menor para el problema en cuestión (14 millones de dólares), sino que se intenta argumentar que, a partir del segundo año, el Fisco tendrá ahorros crecientes. Esto simplemente no es creíble. Primero, porque implica que el sector político que persistentemente ha llamado a los deudores a no pagar montará vía Servicio de Impuestos Internos la máquina de cobranza más eficiente que se conozca. Segundo, porque por otro lado la proyección de ahorro se basa en postergar la gratuidad de Bachelet y eliminar las becas. Algo políticamente inviable. Y bueno, ¿quién cree que se ahorra condonando deudas? Este realismo con el que intenta vestirse el gobierno es realismo mágico.
Respecto de pedir lo imposible, el sistema de financiamiento propuesto (FES) le demanda al sistema de educación superior que financie las políticas del gobierno. Esto es el mismo diseño de la gratuidad: se expande a todo el sistema la fijación de aranceles, vacantes, y se reemplaza todo gasto privado por gasto público. ¿Suena conocido? Es el esquema de las reformas escolares. Por lo tanto, y tal como lo han dicho con claridad rectores de casas de estudios privadas y estatales, la prohibición del copago llevará primero al desfinanciamiento, al quitarle al sistema al menos 1.300 millones de dólares anuales que se agregarían al déficit de la gratuidad, y luego a la segregación, eliminando el carácter inclusivo de nuestro sistema universitario. Es imposible para el sistema solventar este costo que el Estado le está imponiendo sin desmantelar la calidad de la docencia y la investigación. Como lo han señalado también varios rectores, la vulneración de la autonomía y la sumisión del sistema a los ciclos políticos y económicos es la consecuencia más profunda de la reforma propuesta.
Finalmente, está el asunto tributario. La forma de cobranza del nuevo beneficio que se está proponiendo equivale a un impuesto (o tributo) aplicado a los graduados beneficiados. Esto es problemático porque implica un sistema de reparto. Las carreras más demandadas, y los profesionales que trabajen formalmente, pagarán vía impuestos las carreras de quienes desertan, no trabajan, o lo hacen informalmente. El Estado aquí muestra su peor cara, hace solidaridad con plata ajena, haciendo creer que estás pagando tus propios estudios, cuando en realidad serán los graduados formales los que se harán cargo de la contingencia al ingreso, elemento que es de completa injusticia. La discusión exige mayor seriedad y transparencia.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
