Las redes sociales tienen la virtud de mantenernos comunicados e informados. Asimismo, en el último tiempo se han convertido en la plataforma perfecta para que, ante a la ocurrencia de hechos de relevancia pública, políticos y autoridades puedan salir rápidamente a manifestar su opinión y así difundirla entre la ciudadanía. El lado negativo de esto, sin embargo, es que en ocasiones los lleva a conformarse y a permitirse evadir las acciones que respalden sus declaraciones, que por sí solas parecen bastar.

La semana pasada, por ejemplo, se conoció la lamentable situación vivida por una estudiante de la Universidad de Chile que, por segunda vez en el año, sufrió un ataque de grupos que la hostigan por no estar de acuerdo con las ideas políticas que ella representa. Estando al interior de una sala de clases, sus compañeros le exigieron de forma violenta que se retirara del lugar, porque "no podían estar con alguien que pensara como ella". Este hecho de intolerancia política inmediatamente fue repudiado por voces de todos los sectores, incluidos diputados de izquierda, misma tendencia de quienes en esta oportunidad fueron los agresores. Todos ellos salieron a "condenar" lo ocurrido a través de sus redes sociales y medios de comunicación.

Pero anteriormente, tal como a la alumna de la Universidad de Chile se le pretendió impedir el acceso a clases, a mediados de agosto, tras desafortunadas declaraciones de la ministra vocera de gobierno sobre supuestos nexos del PS con el narcotráfico, los legisladores de oposición decidieron prohibir el acceso a las salas del Senado y la Cámara de Diputados, de asesores, subsecretarios o cualquier funcionario de gobierno que no fuese el ministro. Esta situación, que se prolongó por casi un mes, crispó el ambiente y afectó la correcta discusión de proyectos de ley relevantes para el país.

Si en el Congreso Nacional, espacio privilegiado para el diálogo, ocurren cosas como ésta, ¿le sorprende a alguien la violencia e intolerancia que han ido surgiendo en la política universitaria? Me parece a mí que ambos casos son síntomas de un mismo mal y constituyen un menoscabo a la democracia. Pues se opta por la censura y la descalificación de aquel que se encuentra en la vereda opuesta, en lugar del diálogo para afrontar las diferencias.

Pues bien, es hora de que la condena frente a la ocurrencia de este tipo de hechos no quede solo en palabras y comunicados de prensa, sino que se plasme en actitudes reales. Si bien será tarea de las autoridades de la Universidad de Chile el resolver el problema puntual que hoy aqueja a sus estudiantes, también nuestros políticos debieran contribuir a restablecer el clima de tolerancia y diálogo que la democracia requiere. Para ello es fundamental que comiencen a predicar con el ejemplo y actúen con coherencia, en lugar de escudarse en palabras de condena que en cuestión de tiempo se las lleva el viento.