La adhesión de Chile al Escudo de las Américas, anunciada el 22 de septiembre, merece una discusión que vaya más allá de la contingencia. Es una buena decisión si sirve para reducir el costo que la inseguridad impone a nuestra economía, y sería un error si su pilar económico terminara empujándonos a escoger entre nuestros principales mercados. Chile puede hacer lo primero sin aceptar lo segundo.

Los avances en seguridad del último tiempo son reales. Según el Ministerio de Seguridad Pública, los homicidios cayeron 11,5% en el primer semestre y la tasa -2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes— volvió al nivel del primer semestre de 2018. La Fiscalía, por su parte, reporta una baja de 17,6% en las denuncias por secuestro. Sin embargo, el mismo informe de homicidios revela un cambio de fondo, porque el contexto asociado a delitos o grupos organizados desplazó al interpersonal como el más frecuente y ya reúne el 41,3% de las víctimas. Ya no enfrentamos solo al delincuente aislado, sino a estructuras que cruzan fronteras y mueven dinero.

Esa delincuencia tiene un precio que ninguna ley de presupuestos consigna. Un estudio de Clapes UC publicado en Estudios Públicos estimó su costo en al menos 2,1% del PIB en 2022, y buena parte del alza de la última década la explica el gasto privado en seguridad. Lo sabemos bien en la industria, donde cada guardia, cada seguro y cada ruta logística rediseñada es capital que deja de ir a producir. Por eso la cooperación en inteligencia, análisis de datos y control fronterizo que ofrece el Escudo es bienvenida.

La otra cara está en la declaración conjunta, que expresa la intención de explorar mecanismos de revisión de inversiones, resguardar las cadenas de minerales críticos y promover reglas de proveedores confiables para la infraestructura digital. Esas líneas se han leído como dirigidas a China, aunque no la mencionen. Según la Subrei, entre enero y agosto China recibió el 33,6% de nuestras exportaciones de bienes y Estados Unidos el 16,8%, es decir, la mitad de lo que vendemos al mundo. Y la minería, justamente el sector del que dependen esas cadenas, explicó el 62,6% de esos envíos.

La respuesta no es retroceder, sino tomarle la palabra al propio texto, que dispone que las reglas sobre proveedores confiables se apliquen de manera no discriminatoria, un estándar que debiera regir también cualquier revisión de inversiones. Al gobierno y al Congreso les corresponde traducir ese compromiso en un mecanismo definido por ley, con criterios técnicos y públicos, acotado a sectores estratégicos y con plazos que no desalienten a quien llega. No es un detalle. De los US$10.127 millones de inversión extranjera directa acumulados a julio, US$8.162 millones fueron reinversión de utilidades, según el Banco Central. La inversión nueva sigue siendo escasa, y atraerla es una tarea pendiente.

Nuestra propia trayectoria respalda este camino. El 62% del alza exportadora en lo que va del año se dirigió a mercados distintos de China y Estados Unidos, una diversificación que no se construye eligiendo bandos. La cooperación externa, además, no reemplaza lo que depende de nosotros, como perseguir el dinero ilícito, impedir que las cárceles operen como centros de mando y contar con una justicia penal oportuna. Chile ganó su lugar comerciando con todos, y un país más seguro y abierto a todos sus socios es la mejor garantía para quien decide invertir aquí a veinte o treinta años.

*El autor de la columna es vicepresidente de Sofofa