Se rompió un récord. Al 31 de marzo, uno de cada 43 beneficiarios de Fonasa estaba en espera por una cirugía. Son casi 400 mil personas. Equivalente a la población de la comuna de Santiago o casi todos los habitantes de la región de Tarapacá. De eso estamos hablando.

Es entendible, entonces, la importante insatisfacción de los chilenos con la disponibilidad de atención sanitaria (20 puntos porcentuales peor que el promedio OCDE). Es razonable que, en todas las encuestas, se exija que la salud sea priorizada: siempre se mantiene entre los primeros puestos de las principales preocupaciones ciudadanas.

Para intentar resolver el asunto, se han implementado varias iniciativas, pero su éxito ha sido fugaz. En enero se celebraron los resultados de la “Estrategia de Recursos Extraordinarios en Listas de Esperas” (RELE), que pudo bajar el stock de pacientes al finalizar 2025. Tres meses más tarde, entre el epílogo del gobierno saliente y los albores del entrante, se constata que el producto de dicho esfuerzo se esfumó velozmente.

Esta dinámica no es aislada, sino más bien estructural. Los recursos destinados al Minsal se han incrementado sostenidamente: en 20 años, el presupuesto sectorial ha crecido en 420% en términos reales. Del total del gasto del Estado, a salud se destinan uno de cada $5. No obstante, la productividad no ha crecido proporcionalmente: recién el año pasado —es decir, en 6 años— se lograron recuperar los niveles prepandémicos de actividad.

Por su parte, la actual administración ha priorizado un grupo de pacientes en los que la dilación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y ha tenido resultados bastante significativos: 9 de cada 10 pacientes oncológicos, que estaban en espera o con atrasos injustificados (33 mil al 31.01.26), iniciaron atención, tratamiento o se cumplió la garantía GES pendiente. Gracias a la Alerta Sanitaria se pudo lograr en menos de 3 meses. Ahora, los aprendizajes de esta exitosa medida deben servir para ayudar a 2,5 millones de personas que permanecen en alguna fila de la red estatal.

El futuro se avizora aún más desafiante: la violenta transición demográfica nacional implica una significativa merma de la población activa (generadora de recursos) y, al mismo tiempo, un desproporcionado aumento de adultos mayores (con sobrecarga de enfermedades crónicas).

Frente a esta realidad, vale la pena pensar en propuestas de acción que sean innovadoras. ¿Por qué no concesionar la gestión de los hospitales que tengan los peores resultados? ¿Por qué no permitir que una empresa B se haga cargo una red de Cesfam? ¿Por qué no transformar a Fonasa en un organismo técnico, con directorio, a lo Banco Central? O quizás, algo más sencillo: ¿por qué no se establecen incentivos a los funcionarios de la salud por la cantidad de personas que atiendan, en vez de los años de servicio?

En cualquier caso, lo cierto es que el viejo aforismo no se equivoca: si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos tener diferentes resultados.

Por Jorge Acosta, Director ejecutivo Instituto de Políticas Públicas en Salud, USS Universidad San Sebastián