SEÑOR DIRECTOR:

La seguridad en el consumo de bienes y servicios es un derecho básico e irrenunciable previsto en nuestra legislación. Parece así incomprensible la actitud de las empresas de aplicaciones -agrupadas en Alianza IN- frente a la normativa que elabora el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para velar precisamente por la seguridad de los usuarios de estas aplicaciones, y también de sus propios conductores.

Según un reciente informe, hasta noviembre de 2023, el Sernac había recibido 875 reclamos relacionados con aplicaciones de transporte de pasajeros, siendo Uber el más denunciado (72%), seguido por Didi (14%) y Cabify (13%). Los problemas más comunes denunciados son cobros excesivos (36%) y deficiente prestación del servicio (23%). Esto es, cobros inexactos, respuestas insatisfactorias del soporte y problemas de comunicación con los conductores.

La puesta en marcha de una normativa que regule el buen funcionamiento del servicio, el cumplimiento de los contratos entre pasajeros y empresas, además de un registro cabal de los conductores y conductoras, para evitar o perseguir eventuales hechos delictivos, permitirá dotar de mayores herramientas a los usuarios al momento de hacer un reclamo de sus derechos ante las instituciones pertinentes, como el Sernac o los tribunales.

Hace algunos días, utilizando el hashtag #DejaMoverme, Uber salió en defensa del negocio, desacreditando las intenciones de la regulación que impulsa el Estado de Chile, aludiendo a una supuesta pérdida de puestos de trabajo, aumentos en el valor de las tarifas y a una disminución radical de la cantidad de viajes disponibles. Una verdadera campaña del terror que, paradojalmente, no ha invertido una línea para referirse a la inseguridad de los pasajeros.

Mauricio Tapia R.

Profesor de la Universidad de Chile