Todo aquel que tiene formación jurídica sabe que el corazón del Derecho es el Derecho Civil y que las obligaciones son, a su vez, el corazón del Derecho Civil. La relación entre acreedor y deudor es, probablemente, el vínculo más básico de todos aquellos a los que dan lugar las relaciones sociales. Allí donde este vínculo se produce de manera sana, mediante la expresión de voluntades libres y responsables, es posible que prime la confianza y con ella el desarrollo en su más amplia acepción, incluida la dimensión económica.

Hayek, uno de los economistas y filósofos más importantes del siglo XX, lo tenía muy claro. Su formación jurídica debe haber influido lo suficiente para que estructurara su pensamiento económico liberal confiriendo al Estado la función principal de asegurar el cumplimiento de los contratos. Visto así, podría suponerse que este debiera ser un mínimo común denominador en el que coincidieran desde los liberales más clásicos hasta los estatistas más convencidos, pero entre nosotros no es así.

El expresidente Boric enarboló como bandera central de su propuesta la condonación del llamado CAE (crédito con aval del Estado). Hasta hoy se escuchan dirigentes del Frente Amplio que sostienen que esta es una deuda injusta, confiriendo implícitamente un halo de legitimidad a su incumplimiento. En consonancia con ello, se ha levantado un escándalo mediático por el embargo de las cuentas corrientes de algunos deudores, hecho por la Tesorería General de la República.

Aplicando una lógica difícil de comprender, se ha utilizado esto como argumento para justificar la pretensión de que una autoridad administrativa tenga la facultad de levantar el secreto bancario. Es evidente que es exactamente al revés, si parece arbitraria la actuación de Tesorería, con mayor razón debiera reforzarse el principio que la limitación a los derechos fundamentales solo puede hacerse con intervención judicial.

Pero la cuestión central, es el rol que tuvieron los dirigentes políticos que les dieron a decenas de miles de deudores la señal de que está bien incumplir sus obligaciones y traspasar el costo de aquello al conjunto de la sociedad, entre los cuales están los más pobres que, entre otras cosas, no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior.

La situación de cada deudor es particular y no se deben hacer juicios generales, ni menos pontificar desde púlpitos éticos autoerigidos. Pero una cosa distinta es hacer efectiva la responsabilidad política de aquellos que teniendo posiciones de alta influencia y poder público debilitaron una de las bases esenciales de cualquier orden social justo y sano.

La inversión de los valores más básicos llega a tal punto que hoy son las autoridades que intentan restaurar la vigencia del principio elemental de que las obligaciones deben cumplirse quienes son criticados y apuntados con el dedo incluso por quienes promovieron, como política pública y acto de justicia, el dejar de pagar. En este caso, esos son los primeros y principales deudores.

Por Gonzalo Cordero, abogado