Por Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero

El sábado 23 de abril se llevó a cabo el primer encuentro de dirigentes y dirigentas sociales y de comités de vivienda de la Región Metropolitana por el Déficit Cero. En la instancia, donde participó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se presentaron los resultados del estudio “Déficit Habitacional en Chile: ¿cuántas familias necesitan una vivienda y en qué territorios?”, elaborado por la ONG Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile.

Tomando como fuente distintas bases de datos como la Casen, el Censo, el Registro Social de Hogares y el último Catastro de Campamentos elaborado por Techo y Fundación Vivienda -y asumiendo sus respectivas restricciones temporales y metodológicas-, el estudio estima que un total de 641.421 familias no tienen acceso a la vivienda hoy en Chile, es decir, aproximadamente 2 millones de personas.

Este análisis reviste dos aspectos novedosos a la medición del déficit habitacional en Chile. En primer lugar, se incluye la categoría de hogares con hacinamiento en viviendas no ampliables, planteamiento sugerido por el panel de expertos convocado por el Minvu en 2021 para la actualización de la metodología del déficit habitacional. Y, en segundo lugar, se hace el esfuerzo de contar con una comprensión global del requerimiento de viviendas en el país, contabilizando distintas expresiones de exclusión habitacional. Así, de estas 641 mil familias, el 42% son familias allegadas, el 36% viven en condiciones de hacinamiento, cerca del 13% habitan en campamentos a lo largo del país, y el resto en viviendas irrecuperables o en situación de calle, fenómeno que crece a vista y paciencia de nuestras ciudades de forma alarmante.

Luego de conocer estos resultados, y en la conversación que se dio entre el ministro, dirigentes, dirigentas, ONG, organismos del Estado y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción que estaban presentes en el diálogo, surgieron acuerdos que son importantes de resaltar.

Primero, estamos ante una emergencia que no fuimos capaces de anticipar como sociedad y, al igual que toda crisis, nos obliga a cambios profundos para adaptarnos. Esto es precisamente lo que busca el mandato por ley que señala que este gobierno tiene que crear un plan de emergencia habitacional este año, valiosa oportunidad para proponer e impulsar nuevos pilares de nuestra política de vivienda y de ciudad.

Luego, este es un desafío que debemos abordar todos y todas. Qué duda cabe que es el Estado el actor que debe ordenar y liderar, pero la industria y el sector privado deberán cumplir un rol fundamental, así también la sociedad civil organizada y los comités de vivienda. La colaboración, en este caso, no es un ideal, sino una condición para el éxito de la estrategia. ¿Cómo participarán los distintos actores en el plan de emergencia habitacional? Es una noticia en desarrollo.

También, como dijera el propio ministro Montes, “no existe la bala de plata”. La demanda habitacional no solo es grande, sino diversa. En consecuencia, una prioridad será la diversificación de instrumentos habitacionales y una estrategia más descentralizada para su diseño y su gestión.

Finalmente, esto requiere comenzar ahora ya, con sentido de urgencia, aumentando y diversificando la oferta habitacional, pero al mismo tiempo, debe proyectarse en el tiempo buscando ser un proceso que apunte a la sostenibilidad de la solución. Solamente construyendo más viviendas daremos solución a cientos de miles de familias, pero no resolverá el problema hacia el futuro ya que la demanda seguirá aumentando. Llegar al déficit habitacional cero es un proceso que va más allá del gobierno de turno y que implicará repensar nuestras ciudades.

En tiempos en que la agenda pública y política está copada por la discusión de los retiros del 10% de las AFP como respuesta a demandas sociales y desconfianzas institucionales, este estudio viene a resaltar “el otro 10%”, el de las familias sin vivienda y donde también necesitamos que la agenda pública y política se concentre, tal vez para responder de forma más acertada a las demandas sociales, buscando reconstruir las confianzas institucionales y edificando nuevas políticas públicas con sentido de urgencia y también sentido de futuro, a partir de algo tan básico para la vida como lo es la vivienda, un piso mínimo desde donde crecer.