La nueva Constitución, he llegado a imaginar, consistirá en un artículo único: "El que baila, pasa". Porque este enunciado aparentemente simpático, pero extremadamente amenazante, resume bien lo que estamos viviendo en estos días; un compendio que define dónde está el poder y hasta dónde llegan los derechos individuales. Joaquín Fernandois decía esta semana que una Constitución no construye un país, en el mejor de los casos lo refleja. Coincido, pero admitamos que el reflejo es hoy desolador. Solo quien baile, quien acceda a lo que el "movimiento social" demande, puede aspirar a avanzar o sentirse seguro. Es nada menos que eso; el poder en manos de un grupo minoritario, pero amenazante y violento.

La presión ha sido efectiva. Prueba de ello es el trabajoso acuerdo alcanzado por la gran mayoría del mundo político en la madrugada del viernes, inclusivo desde la UDI hasta sectores del Frente Amplio. Un momento asombroso, que pasará a la historia de cómo una insurgencia popular fue capaz de poner fin, en días, a una indefectiblemente odiada Constitución.

Es que muy poco antes, aquella noche en que ansiosos esperábamos las palabras del Presidente (martes 12), percibimos nítidamente el miedo: miedo a la destrucción total, a los incendios descontrolados, al enfrentamiento donde todo podía suceder. Miedo por los jóvenes que se manifestaban, quizá nuestros hijos, también por los propios carabineros que trataban inútilmente de contenerlos; todos, ellos y nosotros víctimas de un clima feroz de odiosidad que no habíamos visto en nuestra vida. El Estado aparecía superado, era incapaz de cumplir su rol fundamental de garantizar el orden y la seguridad. Una ola enardecida, excitada, quizás para alguno con sentido de épica revolucionaria, estaba a punto de ganar la partida.

El Presidente Piñera, tensionado hasta el extremo, optó por la improbable (pero admirable) decisión de hacer un último llamado a un acuerdo de paz. El mundo político escuchó el mensaje, y actuó prontamente con una sabiduría y responsabilidad que no habíamos visto en años. El "acuerdo por la paz y una nueva Constitución" (así se llama) es quizás el último intento por encauzar el malestar de la calle por vías institucionales.

Cabe solo esperar que el intento tenga éxito. Para que ello ocurra, hay dos requisitos fundamentales, ninguno de los cuales puede darse por garantizado: uno, es que el sistema político aún conserva la legitimidad necesaria para encauzar un camino como el propuesto. El segundo, gran apuesta, es que sea el cambio de Constitución lo que realmente el movimiento social está demandando. Nada de esto es seguro y es lo que las fuerzas políticas, incluido el gobierno, están tratando de evaluar por estas horas.De ello depende que efectivamente podamos avanzar hacia una nueva Constitución, esa tierra prometida que nos permita la convivencia, un desarrollo humano y superar esta amenaza que nos extorsiona.