En Chile, el malestar no proviene necesariamente de un rechazo al régimen democrático. Lo que crece es la frustración frente a un sistema político que parece incapaz de transformar las necesidades de las personas en soluciones concretas. La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos; el acceso a la vivienda, la calidad de la salud o el crecimiento económico avanzan con una lentitud que contrasta con la urgencia de las demandas sociales.

La democracia suele evaluarse por la limpieza de sus elecciones, la independencia de sus tribunales o el respeto por las libertades. Todos esos elementos son indispensables. Sin embargo, existe una dimensión que hoy resulta igual de decisiva, como es la capacidad del Estado para responder, de manera eficaz y oportuna, a las demandas de la ciudadanía. No basta con que las reglas del juego democrático funcionen; también se requiere que sus resultados sean perceptibles en la vida cotidiana de las personas.

En ese escenario, la discusión sobre el Estado deja de ser ideológica para convertirse en un problema de capacidad. La pregunta ya no es si el Estado debe ser más grande o pequeño, sino si cuenta con las herramientas para ejecutar políticas públicas, coordinar instituciones y ofrecer resultados. Una democracia que no logra resolver problemas cotidianos comienza a perder aquello que constituye su principal fuente de legitimidad, la confianza de sus ciudadanos.

Parte importante de esa dificultad radica en la relación entre el Gobierno y el Congreso. La creciente fragmentación política ha convertido la construcción de acuerdos en una tarea cada vez más compleja. La negociación permanente es parte natural de cualquier democracia, pero cuando se transforma en bloqueo sistemático, la ciudadanía no distingue responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que percibe es un Estado que no responde, más allá de las responsabilidades particulares de cada poder.

Ese vacío termina siendo ocupado por discursos que prometen eficacia inmediata a costa de los contrapesos institucionales. Es una tentación conocida, presentar la deliberación democrática como un obstáculo y la concentración del poder como un atajo para resolver los problemas. La experiencia comparada muestra que ese atajo suele profundizar los problemas que dice resolver.

El verdadero desafío entonces no consiste en elegir entre democracia y eficacia. La tarea es construir un Estado capaz de responder mejor precisamente porque es democrático. La legitimidad de las instituciones ya no dependerá solo de cómo se eligen las autoridades, sino de su capacidad para gobernar, ejecutar y entregar resultados. Fortalecer esa capacidad implica modernizar la gestión pública y profesionalizar la implementación de las políticas. En el Chile de hoy, esa es probablemente la prueba más exigente, no para el gobierno o la oposición, sino para nuestra democracia.

Por Aldo Cassinelli Capurro, Director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile