La élite intelectual concibe a los matinales como un fast food cultural, mientras la dirigencia los usa como tarimas de humanización por conveniencia. Es un error de diagnóstico: para el ciudadano, estos espacios operan como el último muro de contención frente a una institucionalidad que perciben irremediablemente sorda.

Hace unos días, José Antonio Neme —el periodista más creíble del país, según Activa Research— encarnó una profunda frustración ciudadana con el gobierno, por desentenderse de su propio Programa. “Uno le creyó, uno fue inocente”, le dijo a José Antonio Kast, sintetizando el reclamo ciudadano por falta de cumplimiento de las promesas de crecimiento, seguridad y migración.

Lo expuesto por Neme reflota patologías estructurales que arrastran nuestros cuatrienios presidenciales: la erosión de la fuerza vinculante del programa y la incapacidad de las instituciones para procesar el malestar social.

Esta crítica desnuda la brecha entre la impugnación cuando se es oposición y el cumplimiento de la palabra empeñada en el ejercicio del poder. Es una tensión que reverbera ante la próxima cuenta pública, hito republicano que obliga al Ejecutivo a transitar desde la retórica de la promesa hacia la cruda rendición de cuentas.

Los programas de gobierno constituyen la hoja de ruta que otorga legitimidad de ejercicio a las políticas públicas del Ejecutivo. Esta era la máxima que regía nuestra cultura republicana, tal como lo consignó Eduardo Frei Montalva en su mensaje presidencial de 1965: un gobierno posee libertad para legislar dentro de la Constitución y para negociar dentro del Programa, pero carece de potestad para subvertir la Carta Fundamental o traicionar el itinerario comprometido ante la nación.

Neme conecta con esa íntima fibra institucional: el mandato popular no fue un cheque en blanco, sino la adhesión a un itinerario de superación de la crisis. Ignorar este compromiso supone quebrar el vínculo de fe pública que nace en las urnas, aquel donde el ciudadano deposita su confianza en los gobernantes bajo la promesa de una transformación conducida y no de una improvisación permanente.

En la cuenta pública, el Presidente puede optar por señalar a una oposición “obstruccionista” en el Congreso, “denuncista” ante Contraloría y una falta de gestión técnica de Boric. Sin embargo, estaría reeditando hábitos que paralizaron Piñera II, y que profundizan el aplanamiento de la relación gobierno - oposición.

El Presidente debe leer las reflexiones en las cuentas públicas finales de Frei Montalva, Lagos, Bachelet II y Piñera II: todos coinciden en que la gobernabilidad exige abandonar la trinchera ideológica y priorizar el diálogo transversal. Solo así es posible cumplir los anhelos que gozan del consenso de las grandes mayorías y que fundan la legitimidad del mandato.

Este 1° de junio, Kast tiene la oportunidad de aprender del error ajeno y no insistir en esa narrativa del espejo retrovisor y de los “dos Chiles”, cuya factura siempre se cobra al cuarto año. En su lugar, debe ofrecer contornos claros y viabilidad a su Programa; la ciudadanía no juzgará su capacidad de impugnar al resto, sino su aptitud para cumplir la palabra empeñada.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile