Bajo el mandato de José Antonio Kast las ciclovías pasaron al fondo de las prioridades. “El desafío hoy es el déficit habitacional”, señalaron hace poco desde el Minvu. En línea con ello, una intervención del ministro de Vivienda Iván Poduje en la Cámara dejó en “veremos” las obras del proyecto Nueva Alameda.

Esta postura poco a poco se ha ido convirtiendo en un dolor de cabeza para el gobierno, particularmente para dicha cartera, con requerimientos que tarde o temprano tendrá que atender: durante los últimos días han recibido acusaciones debido a eventuales incumplimientos en la materia.

Dos agrupaciones de ciclistas y un diputado así lo denuncian. La Fundación Defendamos la Ciudad y el Movimiento Furiosos Ciclistas, además del parlamentario del Frente Amplio, Jaime Bassa, sostienen que el Minvu estaría incurriendo en un importante incumplimiento en relación al tramo 3 de la Ciclovía Nueva Alameda Providencia 2022-2025.

Defendamos la Ciudad presentó un recurso en la Contraloría General de la República -aún sin respuesta- señalando que el ministerio estaría incurriendo en una falta al no cumplir el acuerdo firmado en enero de 2023 entre el Gobierno Regional Metropolitano, el Ministerio de Transportes, la Subdere y las comunas de Providencia, Estación Central, Santiago y Lo Prado.

A esto se suma la presentación de un oficio parlamentario a cargo del diputado Bassa con el apoyo de una serie de agrupaciones como el Movimiento Furiosos Ciclistas, el que tampoco ha tenido respuesta. Del mismo modo, el Gobierno Regional de Claudio Orrego también ha planteado una voz crítica en torno a esto.

El documento de Fundación Defendamos la Ciudad señala que existe una obligatoriedad de cumplir con este convenio y que la ley solo permite incumplir en caso de existir argumentos “fundados”, aunque debe ser reprogramado por las partes.

“Las razones dadas por el Ministerio de Vivienda para fundar su decisión de incumplir el convenio no son fundadas. Además, existe la obligación de sentarse a conversar con el Gobierno Regional (situación que a la fecha no ha ocurrido)”, añade el texto.

El documento, firmado por Patricio Herman Pacheco, presidente de la fundación, pide “que se acoja a trámite la presente denuncia, se requiere informe a los órganos respectivos, y luego de ello, se haga cumplir el convenio de programación por todos los involucrados”.

El mencionado tramo 3 de la Ciclovía Nueva Alameda, el que en este momento se encuentra detenido, está en etapa de diseño, con una inversión por parte de la Gobernación Regional Metropolitana de $527.251.896. El proyecto contempla 3,8 kms de extensión, totalizando una ciclovía de 8 kms.

Por otra parte, el oficio presentado por el Movimiento Furiosos Ciclistas busca solicitar formalmente Minvu el detalle exhaustivo sobre el estado actual del convenio, incluyendo los compromisos financieros asumidos, el grado de avance real del proyecto y las obligaciones pendientes.

Además, este último exige una “explicación de los fundamentos jurídicos específicos que sustentarían la suspensión, modificación o término del convenio, desestimando que se utilicen meros criterios de conveniencia o de oportunidad política para incumplir la ley, entre otras".

El diputado Bassa indica que el oficio “que presentamos solicita al Minvu que entregue información clara y detallada sobre el estado del proyecto de ciclovía y del convenio de programación asociado, especialmente respecto de eventuales recortes, suspensiones o reasignaciones presupuestarias".

“Lo que estamos pidiendo es transparencia sobre una obra pública que ya tenía planificación avanzada y recursos comprometidos para los próximos años. Queremos saber cuáles son los fundamentos jurídicos y administrativos de una eventual paralización, cómo impactaría eso en la ejecución del proyecto y qué efectos tendría sobre la movilidad urbana, la seguridad vial y la calidad de vida de las personas”, añade Bassa.

Carolina Oyarzun, directora de Movimiento Furiosos Ciclistas, establece que “consideramos que esta acción parlamentaria es un paso fundamental e indispensable para asegurar la rendición de cuentas por parte de la autoridad. Para nosotros, la legalidad no es un mero tecnicismo, sino una garantía esencial del Estado de Derecho”.

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, señala que “el gobierno central deje obras abandonadas ya no parece algo puntual, lo que es preocupante. Por eso hacemos un llamado a que reconsidere sus decisiones. Dejar abandonada la tercera etapa de la ciclovía a mitad de camino, discrimina arbitraria y directamente a los vecinos de la zona poniente de la capital. Pedimos respeto por los compromisos de Estado con los ciudadanos”.

Desde el Movimiento Furiosos Ciclistas sostienen que “dicho tramo formaba parte de un convenio de programación de inversión pública suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Minvu, instrumento que, conforme al artículo 115 de la Constitución Política de la República, tiene cumplimiento obligatorio”.

En otras palabras, añade Oyarzun, “una autoridad ministerial no puede dejar sin efecto unilateralmente un convenio obligatorio por mera discrecionalidad, oportunidad política o redefinición interna de prioridades”

Frente a estas acusaciones, desde el Minvu se defienden estableciendo que responderán a la Contraloría en tiempo y forma cuando sea requerido. “Reiteramos que el déficit habitacional y el deterioro de los barrios son los desafíos urgentes y prioritarios. Eso no significa restarle valor a las ciclovías, como se ha interpretado erróneamente, sino destinar los recursos, que son escasos, a las urgencias sociales que le competen al Minvu”.

Bassa señala que el objetivo de fondo es defender el derecho de las personas a ciudades más seguras, accesibles y pensadas para la vida cotidiana.

“También buscamos que el Estado actúe con responsabilidad respecto de los compromisos que ya asumió. Cuando una obra se anuncia, se financia y comienza a ejecutarse, no se generan solo obligaciones administrativas: se generan expectativas legítimas de la ciudadanía”, agrega este último.