El Tribunal Constitucional volvió inesperadamente a la palestra. Las izquierdas han puesto el foco en ese órgano para que revise la constitucionalidad de varios proyectos de ley. Primero será el proyecto “Escuelas protegidas”; luego es posible que vengan la ley de “Reconstrucción nacional” y el Registro de incivilidades y actos vandálicos. En este cuadro, podemos identificar dos discusiones paralelas. La primera es si los proyectos del Ejecutivo se ajustan o no a la Constitución. Puede haber reproches puntuales en cada caso, según cómo termine la tramitación de los proyectos; no lo sabemos. Pero hay una segunda dimensión política, más relevante. Durante años, la izquierda chilena sostuvo como argumento la ilegitimidad de la Constitución vigente, tanto por su origen como por su pretensión de neutralizar la expresión de la voluntad popular. El libro que impulsó la tesis es “La constitución tramposa”, de Fernando Atria, y su tesis fue replicada en obras de Jaime Bassa, Jaime Gajardo, Domingo Lovera, Claudia Heiss y María Pardo, entre otros. El TC sería uno de los candados institucionales que defenderían ese proyecto dictatorial incluso en democracia.

Algunos de esos nombres reaparecen hoy en las deliberaciones sobre si conviene recurrir al TC. La repetición es paradójica en al menos tres planos. Primero, el intento de neutralizar la decisión emanada de un Congreso elegido democráticamente. Segundo, acudir al TC para que opere como “tercera cámara” y sustituya la voluntad parlamentaria por la de un tribunal cuyos miembros fueron elegidos por el Congreso, el Presidente y la Corte Suprema. Finalmente, y aquí quizás reside la paradoja más grande, apelar a la Constitución vigente como parámetro para evaluar un proyecto de ley.

Durante décadas, la Constitución fue presentada como un obstáculo para la voluntad popular. La crítica se hizo sin ponderar la adopción de sus marcos luego del retorno de la democracia, particularmente a través del largo proceso de reformas realizado entre 1989 y hoy; ni cómo su uso razonable por parte de los operadores jurídicos labró un lenguaje constitucional propio; ni la manera en que se fue creando un mundo constitucional; imperfecto, desde luego, pero no por ello desdeñable, tramposo o inapropiable. La lección de este caso es agridulce. Por una parte, a pesar del fracaso de los intentos de reemplazar la Carta Fundamental, la Constitución y sus órganos se mantuvieron como un entramado razonablemente eficaz para resolver nuestras diferencias. Por otra parte, el argumento de principios contra la Constitución, formulado con tanta fuerza y convicción durante tanto tiempo, palideció ante la posibilidad de obtener en un tribunal lo que no se consigue por los votos. Quienes durante años argumentaron que la Constitución era un instrumento al servicio de la derecha difícilmente pueden invocarla hoy sin confirmar la tesis contraria: que el problema no fue la Constitución, sino la conveniencia de sus resultados.

Por Rodrigo Pérez de Arce, Profesor asociado de Faro UDD