Por Robert Muggah, cofundador y director de investigación del Instituto Igarapé, un centro de estudios líder en Brasil. También es cofundador del Grupo SecDev y la Fundación SecDev, grupos de seguridad digital y análisis de riesgos con alcance global. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Haití ha sido durante mucho tiempo sinónimo de crisis. Sin embargo, incluso para los estándares del país más pobre del hemisferio occidental, los últimos años marcan un marcado deterioro. Las pandillas que antes controlaban unas pocas manzanas de barrios pobres ahora operan como coaliciones que controlan gran parte de Puerto Príncipe y se extienden a rutas y localidades clave fuera de la capital.

Estas redes no solo aterrorizan; también gobiernan. Imponen impuestos a los residentes, resuelven disputas, controlan el acceso a los mercados y deciden quién puede trabajar, comerciar o irse. Esto es gobernanza criminal, dominio armado sobre territorio y servicios que el Estado no puede proporcionar de forma fiable. La policía haitiana, respaldada por un grupo de trabajo aprobado por Estados Unidos, ha logrado algunos avances simbólicos pero reales. El progreso es real, pero frágil, y los métodos son controvertidos.

La política democrática de Haití se ha debilitado a medida que el gobierno de las pandillas se ha fortalecido. El país no ha tenido funcionarios nacionales electos desde enero de 2023. Un Consejo Presidencial de Transición ostenta la autoridad ejecutiva nominal. Su mandato finaliza el 7 de febrero de 2026, sin un plan de sucesión claro ni un presidente electo en funciones. El calendario electoral provisional apunta a una primera vuelta a finales de 2026 y una investidura presidencial en 2027. Incluso este cronograma resulta optimista.

El Consejo ha estado plagado de luchas internas desde su creación. A finales de enero, cinco de sus miembros respaldaron la destitución del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y su reemplazo en un plazo de 30 días. Sin embargo, la medida requiere su publicación en el diario oficial para surtir efecto legal, y los informes señalaron importantes obstáculos procesales y constitucionales. Los opositores argumentan que la votación es ilegal y carece de fuerza vinculante.

Los socios internacionales respondieron rápidamente. Los embajadores europeos instaron al Consejo a actuar con responsabilidad y en aras del “interés público”. Estados Unidos adoptó una postura más dura. El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó al primer ministro para reafirmar el apoyo estadounidense y subrayó que el mandato del Consejo finaliza el 7 de febrero. Poco después, Washington impuso restricciones de visado a cuatro miembros del consejo y a un ministro del gabinete, alegando su presunta implicación con pandillas y otras organizaciones criminales.

Los líderes del Consejo insistieron en que tienen la autoridad para reemplazar al primer ministro y nombrar un nuevo gobierno. A pesar de la presión estadounidense, propusieron una breve pausa para que los grupos políticos acordaran un plan de sucesión antes de que el Consejo decida unilateralmente. La confrontación no es solo una batalla por el liderazgo. Es una prueba para determinar si la transición reduce o amplía el margen de maniobra de las pandillas.

La disfunción del Consejo es importante para el Caribe en general y para Estados Unidos, ya que el gobierno de Haití ya opera con un nivel de autoridad muy limitado. La parálisis política puede paralizar las decisiones, debilitar la legitimidad e interrumpir la coordinación con las fuerzas de seguridad y los socios externos. Estas brechas crean oportunidades para que las pandillas profundicen el control. Cuando aumenta la inseguridad, más personas huyen, incluso a islas cercanas y hacia Estados Unidos por mar.

Esto ocurre mientras Washington trata al Caribe como una tercera frontera de facto, priorizando la interdicción, el control de armas y la aplicación de las leyes migratorias. El Estatus de Protección Temporal (TPS) finalizará a principios de febrero, un cambio que podría poner en riesgo de deportación a hasta 350.000 personas a menos que obtengan otro estatus. Los estados vecinos que ya reciben a más haitianos, como República Dominicana, Bahamas e Islas Turcas y Caicos, se enfrentan a presiones para reforzar la aplicación de la ley contra los contrabandistas y reducir los movimientos migratorios. El resultado es una postura regional que prioriza la seguridad y se centra en la contención.

De equipos locales a coaliciones nacionales

Para comprender la importancia de la crisis política, es fundamental comprender cómo las pandillas se convirtieron en un sistema de poder. Diversos acontecimientos aceleraron la caída de Haití en un gobierno criminal. Uno de ellos fue la masacre de decenas de personas en La Saline en noviembre de 2018, un ataque coordinado vinculado a múltiples pandillas. El segundo fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que amplió el vacío y amplió el espacio para los empresarios criminales.

Desde entonces, las pandillas se han fusionado en bloques más grandes, como la Familia G9 y Aliados, la alianza G Pep y, más recientemente, Viv Ansanm. El verdadero poder ahora reside en federaciones que unen a las bandas locales en redes. Comparten armas e inteligencia, y también planifican operaciones conjuntas. Dado que la escala les otorga influencia, las pandillas la utilizan para controlar el acceso a los puertos y el combustible, así como para cobrar impuestos a autobuses y camiones.

El gobierno criminal se basa en la potencia de fuego. El flujo de armas y municiones ha fortalecido constantemente la ventaja táctica de las pandillas, y algunos grupos tienen acceso a armas más avanzadas que la policía. La mayoría de sus armas de fuego provienen de Estados Unidos por aire, mar y tierra.

El crimen como sistema económico y de gobernanza

Las pandillas se financian a través de mercados criminales diversificados. La extorsión, el secuestro y el narcotráfico siguen siendo fundamentales. Las redes también se benefician del combustible ilícito, la extorsión en puertos y aduanas, el tráfico de migrantes y la trata de personas, el lavado de dinero e incluso exportaciones especializadas como las anguilas.

En efecto, las pandillas y los intermediarios criminales operan como negocios multiproducto cuya ventaja comparativa reside en la violencia y la influencia política. Los pistoleros son el síntoma más visible. El sistema depende de intermediarios y financieros que mueven dinero, consiguen suministros y protegen a los líderes.

El costo humano es grave. Al menos 5.600 personas fueron asesinadas en 2024. Informes de la ONU reportaron al menos 8.100 asesinatos entre enero y noviembre de 2025. El desplazamiento también ha alcanzado niveles récord. Se informó que más de 1,4 millones de personas estaban desplazadas a finales de septiembre de 2025, incluidos casi 750.000 niños.

Gran parte del sistema de salud de la capital está cerrado o apenas funciona, y la inseguridad ha afectado el acceso a la educación, las clínicas y los mercados básicos. La violencia sexual y de género también ha aumentado. La evidencia apunta a un creciente reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con un gran número de menores desarraigados o viviendo bajo el control de las pandillas.

Del apoyo policial a la represión de las pandillas

La respuesta internacional se ha endurecido. Desde 2022, el régimen de sanciones de la ONU ha impuesto un embargo de armas, prohibiciones de viaje y congelación de activos a entidades e individuos que se cree amenazan la paz y la seguridad de Haití. Washington ha complementado las sanciones del Consejo de Seguridad con sus propias medidas, incluyendo herramientas de la Ley Global Magnitsky y designaciones relacionadas con el terrorismo.

Paralelamente, Canadá, República Dominicana, Reino Unido y la Unión Europea han ampliado sus propias medidas, dirigidas contra líderes de pandillas y decenas de personas que presuntamente las financian.

El Consejo de Seguridad también ha pedido reforzar las debilitadas fuerzas de seguridad de Haití. Una misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia y autorizada en 2023, comenzó a desplegarse en 2024, pero carecía de fondos y personal suficientes. En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad autorizó la transición hacia una Fuerza de Represión de Pandillas, prevista con aproximadamente 5.550 efectivos que operarán bajo un mandato más contundente que incluye la facultad de arrestar. Estados Unidos y Panamá copatrocinaron la resolución.

El auge de la seguridad privada y subcontratada

A medida que los esfuerzos multilaterales luchan por expandirse, las opciones de seguridad privada cobran fuerza. El ejemplo más destacado es el nuevo grupo de trabajo sobre drones reclutado por el primer ministro y que opera bajo la dirección de Vectus Global, una firma fundada por Erik Prince. Informes de la ONU sugieren que ataques con drones entre marzo y diciembre de 2025 mataron a 934 presuntos pandilleros y 39 residentes, incluidos 16 niños.

Una línea de privatización independiente está surgiendo en torno al control de fronteras e ingresos. Un consorcio formado por Evergreen, Alex Stewart International, Ense Group y SecuriPort habría firmado un acuerdo de 10 años para fortalecer las fronteras terrestres, los puertos marítimos y los aeropuertos a cambio de una parte del aumento de los ingresos. El contrato está siendo revisado actualmente por el Tribunal Superior de Cuentas de Haití.

Expertos en derechos humanos advierten que la expansión de la seguridad privada en entornos frágiles puede desdibujar las cadenas de mando, debilitar la rendición de cuentas y erosionar el ya de por sí débil monopolio estatal sobre la fuerza. Independientemente de que estas iniciativas privadas persistan, ponen de relieve la creciente tendencia a externalizar las funciones de seguridad cuando el Estado es débil y las misiones multilaterales tienen dificultades para expandirse.

Desafíos futuros

La crisis de Haití es extrema, pero no es un caso aislado. En todo el continente americano, los grupos criminales han incursionado en la política, los mercados legales y el gobierno local. Haití se sitúa en el extremo más alejado de ese continuo, donde las coaliciones criminales no sólo presionan al Estado, sino que a menudo lo reemplazan en la vida cotidiana.

La fuerza formará parte de cualquier respuesta a corto plazo. Pero la fuerza sin una gobernanza responsable y eficaz puede ampliar el mismo espacio que pretende cerrar. El principal desafío de Haití no es solo debilitar el control de las pandillas, sino reconstruir las normas e instituciones mínimas que hagan innecesario el gobierno armado y conviertan la ley en una realidad.