Chile está bajo ataque y todo indica que aún no logramos dimensionar el alcance. Los narcos y el crimen organizado avanzan en el control del territorio, siendo ya una fuerza que gestiona e impone su ley en sectores populares, tomas y campamentos. El comercio ilícito de drogas, armas y personas se extiende hoy de manera planificada a través de transnacionales del delito, que llevan una enorme ventaja frente a la capacidad de respuesta del Estado. Municipios, Gendarmería, los servicios de aduana, las policías civil y uniformada están en la mira y son infiltradas sigilosamente. La narcocultura se extiende en las poblaciones, integrando a nuevas generaciones, que ven en ella su única posibilidad de adquirir reconocimiento social y mejorar sus posibilidades de consumo.

Este gigantesco proceso de cambio social y cultural tuvo en las últimas semanas un nuevo hito: la confirmación de que sus tentáculos ya se mueven al interior de las FF.AA. En efecto, seis suboficiales de la Segunda Brigada Acorazada del Ejército fueron descubiertos transportando 192 kilos de droga, es decir, no soldados rasos sino personal de la cadena de mando, con conocimientos de logística y de los puntos débiles en sus propias filas. Días después, se detuvo a cinco funcionarios de la Primera Brigada Aérea en Iquique, que utilizaban infraestructura de la FACH para trasladar ketamina, una sustancia que, en opinión del fiscal nacional -Ángel Valencia-, es comúnmente traficada por el Tren de Aragua.

El cuadro es pavoroso y confirma que las instituciones que tienen a su cargo la seguridad nacional empiezan también a ser permeadas por las redes del crimen organizado. En un país cuyas fuerzas de orden y seguridad fueron severamente golpeadas en sus capacidades y legitimidad, en el contexto del estallido social; donde gobiernos y parlamentarios se dan el lujo de estar años discutiendo una ley de inteligencia y las reglas del uso de la fuerza; y donde la polarización hace cada día más difícil sacar estos problemas de la contingencia política y abordarlos con responsabilidad de Estado.

Basta mirar el patético nivel de la actual campaña presidencial para suponer que los narcos y el crimen organizado sólo pueden estar sobándose las manos. Como ya lo hicieron cuando el estallido social les permitió tomar el control de importantes zonas del país, mientras el Estado era obligado a inhibirse y a retroceder. Un regalo que el país lamentará para siempre y que se refuerza cuando gobierno y oposición tienen la cabeza puesta en las próximas elecciones, no en el diseño de una política pública eficaz, cuya aplicación inevitablemente será dolorosa y tendrá costos humanos.

¿Quién en el actual contexto político está dispuesto a asumir esos costos? ¿Quién en la oposición tendría la altura de miras para no sacar en cara esos costos a sus adversarios en el gobierno y a hacerse corresponsable de ellos? Porque sin un compromiso histórico a la altura, este será un camino sin retorno y con un destino fácil de anticipar.

Por Max Colodro, filósofo y analista político.