Quién iba a pensar que la filtración del audio entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer sería el punto de partida de una seguidilla de escándalos que hoy tienen a parte del sistema institucional en jaque. Desde jueces destituidos y fiscales investigados hasta notarios, conservadores de Bienes Raíces y empresas bajo la lupa, la trama se ha expandido como una mancha de aceite.

Y por estos días, la llamada “Muñeca bielorrusa” se ha convertido en el símbolo de esta crisis, con el Poder Judicial en el centro de la tormenta y la confianza pública nuevamente puesta a prueba. Hasta ahora, la atención del caso se ha concentrado en la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja y los abogados involucrados en el presunto pago de sobornos. Pero, hay un actor clave que ha pasado casi inadvertido: la empresa que habría financiado esos pagos para obtener un beneficio económico.

Se trata del consorcio CBM, integrado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, señalado por el Ministerio Público como la principal beneficiada del fallo que originó el caso. En 2021, CBM ganó una licitación de Codelco por $158 mil millones para el proyecto Rajo Inca. Sin embargo, tras incumplimientos, atrasos y un fatal accidente laboral, la cuprífera puso término anticipado al contrato en febrero de 2023, cobrando boletas de garantía por $12.800 millones. La decisión dejó a Movitec en una compleja situación financiera y acentuó las tensiones internas entre sus controladores, mientras Belaz enfrentaba sanciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.

Para defender sus intereses frente a Codelco, el consorcio contrató a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes habrían sobornado a la ministra Vivanco para que la Tercera Sala de la Corte Suprema -presidida por ella- acogiera un recurso que ya había sido rechazado en instancias previas en la Corte de Apelaciones de Copiapó, permitiendo la devolución de la boleta de garantía a la empresa.

Hoy, esos hechos son objeto de investigación por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos por pagos desde CBM a Vivanco y su entorno. De hecho, se acusa que Migueles y los abogados lavaron parte del dinero a través de una casa de cambio y los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán.

Otro antecedente inquietante es el viaje en crucero por Europa que habría realizado el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, con el abogado Eduardo Lagos justo después de que se concretaran los pagos de Codelco a CBM. Un hecho que alimenta sospechas de corrupción y abre un serio cuestionamiento ético por no haberse inhabilitado.

Pero hablemos de la otra cara de la moneda: el rol de la empresa CBM. De acreditarse los hechos, serían ellos los beneficiados del cohecho. En este escenario, el pago habría operado a través de terceros, es decir, los abogados que habrían actuado en su nombre.

En Chile, desde 2009 rige la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En simple, si una empresa no cuenta con un programa de compliance debidamente implementado y con evidencia que lo respalde, la responsabilidad por ciertos delitos no recae solo en quienes los cometen, sino que escala a la empresa. En este caso, los presuntos pagadores del soborno serían abogados que actuaron en representación de CBM. Si se acredita el cohecho, el consorcio deberá demostrar que tenía un programa de compliance efectivo al momento de los hechos. Si no puede hacerlo, también responde penalmente.

Además de CBM, hay otras empresas que podrían haber incurrido en delitos como lavado de activos, como la casa de cambio que habría canalizado el dinero ilícito. A todas ellas les rige el mismo marco legal.

Las preguntas que inevitablemente surgen son incómodas, pero necesarias: Si la empresa y/o los abogados pagaron sobornos para ganar un juicio, ¿habrá sido la primera vez? ¿Estamos frente a una práctica excepcional o a un modus operandi más extendido de lo que nos gustaría admitir?

Todo indica que esto es solo la punta del iceberg. Ahora corresponde dejar que la investigación avance y, si los hechos se confirman, aplicar sanciones a todos los involucrados. Pero, no olvidemos que la corrupción siempre tiene dos caras. Ningún funcionario comete cohecho sin alguien dispuesto a pagar. Y por más leyes que haya, nada cambiará mientras sigamos normalizando o justificando lo indebido o existan empresas dispuestas a lavar dinero ajeno.

Este caso duele porque golpea el corazón de nuestras instituciones: la justicia. Y ahora, en una paradoja amarga, es la propia justicia la que debe actuar. No permitamos que este nuevo golpe a la confianza ciudadana debilite la lucha contra la corrupción; al contrario, es momento de fortalecer las instituciones, las buenas prácticas y promover una cultura que prevenga estos abusos.