La propuesta reciente del gobierno de crear un registro de personas condenadas por actos de vandalismo ha abierto –y encendido– un debate sobre el cuidado de los bienes públicos y las consecuencias de la comisión de incivilidades. En la médula el asunto que está en cuestión es la idea de una ciudadanía exigente que vincula la noción de derechos con la de deberes. Más allá de la discusión pública sobre eficacia, alcances y límites de una medida de este tipo, la discusión pone el foco en un problema de índole urbano: el deterioro de los espacios que pertenecen a todos.

Las incivilidades no sólo generan costos para las arcas públicas. Cuando se destruye el mobiliario urbano, se vandalizan monumentos y el patrimonio histórico-arquitectónico –a través de la destrucción deliberada o de los grafittis/tags– se acumula basura o se toleran actividades que expulsan a los vecinos de plazas y parques, el daño más profundo recae sobre el tejido social. Lo que se erosiona no es únicamente la infraestructura física, sino las condiciones mismas de la convivencia social.

Es desde esa perspectiva que conviene reflexionar sobre el valor de las plazas, parques y áreas verdes. Pues más allá de su función recreativa, son espacios de ocio en el mejor sentido del término: lugares para caminar, conversar, leer y observar. También facilitan el encuentro entre personas que de otro modo jamás se conocerían. La convivencia entre generaciones distintas, y el reconocimiento cotidiano del otro como vecino y ciudadano ocurren, precisamente, en la plaza y el parque. Son, por todo esto, instituciones silenciosas que sostienen la vida urbana. En última instancia son artefactos que contribuyen a frenar el embrutecimiento social y la violencia.

Por ello, una plaza bien mantenida y equipada no es un gasto, sino una inversión. Su rentabilidad social es enorme y, aun bajo criterios estrictamente economicistas, los beneficios superan con creces los costos involucrados. Por cierto, siempre y cuando ese espacio se mantenga bien cuidado. Las plazas y parques mejoran la calidad de vida, valorizan el entorno urbano y contribuyen a reducir costos asociados al deterioro social y ambiental.

En este sentido, la ampliación de la red parques en las últimas décadas es alentadora. Las experiencias del Parque Bicentenario, el Parque de la Familia, el Parque Mapocho Río, el parque Cerros de Renca o el parque Cerrillos muestran de modo elocuente los beneficios de la expansión de áreas verdes. El futuro Parque Barón en Valparaíso y la recuperación del Jardín Botánico en Viña del Mar –si bien alejado de zonas residenciales– representan oportunidades similares. Pero construir o reconstruir nuevos parques es apenas el comienzo. Tan importante como abrirlos es mantenerlos.

El abandono de una plaza o parque a su suerte por parte de las autoridades constituye por el contrario una negligencia o complicidad inexcusable. Pues a la degradación le sigue el proceso de “privatización” del espacio público: deja de ser de todos para convertirse en territorio de unos pocos. La película documental Los Reyes retrató con sensibilidad esa realidad en el Parque de los Reyes, espacio degradado por la marginalidad y el consumo y tráfico de drogas. Algo similar puede observarse, con distintas intensidades, en espacios emblemáticos de Valparaíso, como Plaza Italia, Plaza Victoria, Plaza Aníbal Pinto o algunas plazas tradicionales de Viña del Mar –como la Colombia– donde el deterioro reduce su capacidad de convocar a la comunidad.

La plaza cumple, por último, una función muchas veces olvidada: enseña. Enseña a compartir un espacio, a respetar ciertas reglas y a convivir con personas distintas. En tiempos marcados por el aislamiento y la fragmentación social, cuidar una plaza no es simplemente mantener un jardín. Es cuidar nuestros espacios comunes –es decir, la posibilidad de no vivir recluidos en esferas privadas– y una forma de vida civilizada.

Por Tomás Villarroel, Investigador Asociado Fundación P!ensa & Facultad de Artes Liberales UAI