Después de la presentación del Informe de Finanzas Públicas, que destapó US$2.900 millones en gastos comprometidos, pero no reconocidos para este año, y la sobrestimación de US$8.000 millones en ingresos fiscales para el período 2026 -2030, que incrementan la estimación de los déficit fiscales de este y los próximos años, y “errores” de cerca de US$10.000 millones en el cálculo de la evolución de la deuda pública; esta semana comienza la discusión del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional (PdL) en el Senado, y pese a que nuestro país necesita volver a crecer —que es el corazón de este proyecto—, políticos y parlamentarios de oposición ponen sobre la mesa dos temas para rechazarlo, el primero es que bajar los impuestos produciría una caída en la recaudación que obligaría a cortar gasto social y el segundo es que este proyecto le baja los impuestos a los ricos.

Más allá de que presentar y defender un PdL para los ricos sería un suicidio para cualquier político, y por lo tanto, una estupidez estratégica, el análisis —desde los números— de las medidas propuestas indica todo lo contrario.

Para comenzar, gran parte de los flujos negativos del proyecto de ley (un promedio anual de 0,2% del PIB) se derivan de gastos en beneficios sociales que es necesario implementar aun si no se aprueba este PdL, y cuyo objetivo es paliar problemas que se arrastran desde la administración anterior: reconstrucción postincendios de 2025 y desempleo generado por las alzas de costos laborales de la ley de 40 horas, incremento en salario mínimo y aumento de la tasa de cotización por reforma de pensiones, entre otras.

Por tanto, si al proyecto de reconstrucción nacional le quitamos estas dos medidas, la disminución de ingresos fiscales acumulada entre los años 2028 y 2030 de US$330 millones se financia con el incremento en los ingresos del año 2027 de US$360 millones proveniente de las medidas transitorias, y por tanto, no es necesario compensar ingresos, ni habría que cortar gastos.

Adicionalmente, nadie se ha detenido a contarnos que el incremento en el crecimiento económico que incentivan las medidas incluidas en el proyecto, aun bajo supuestos sumamente conservadores, permitirá incrementar los ingresos fiscales a partir del año 2031. Es decir, al final habrá más plata para realizar política social.

A lo anterior hay que agregar que, ya a partir del primer año, los chilenos empezaríamos a acumular más ingresos. El PIB sería US$20 mil millones más grande solo el año 2030, US$54 mil millones el 2035 y US$120 mil millones el 2050 (medido en dólares de 2026), lo que significa que nuestro país acumularía US$50 mil millones adicionales de riqueza al año 2030, US$240 mil millones al 2035 (que es un 62% del PIB del año 2025) y US$1,664 billones adicionales al 2050, equivalente a un aumento de riqueza de más de 4 veces el PIB actual para todos los chilenos.

Finalmente, si este fuera un proyecto privado, donde hay que invertir los primeros años para recibir resultados a futuro, sin contar el incremento en la riqueza de los chilenos y solo contabilizando el cambio en los ingresos fiscales netos o dinero para poder hacer política social, la TIR alcanza 14% real considerando los gastos de reconstrucción postincendios de 2025 y para paliar el desempleo, y de 65% real sin considerar estos gastos.

Si este fuera un proyecto privado, y con esta rentabilidad esperada, estoy completamente segura de que no solo yo, sino muchos invertirían, entre ellos todos los que hoy dicen que están en contra del proyecto. ¿Entonces por qué negarles esta rentabilidad a los chilenos?

*La autora de la columna es economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián y directora de Somos Mujeres por Chile.