La discusión sobre el desempleo se ha tomado la agenda y ha sido foco de preocupación constante en las últimas semanas. La medición más reciente del INE volvió a encender las alertas. La tasa de desocupación llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, con una situación especialmente compleja para las mujeres, cuya desocupación alcanzó el 10,5%. A ello se suma una informalidad persistente, que afecta la calidad del empleo, la protección social y la productividad. No es solo un mal registro trimestral, sino la constatación de las evidentes dificultades para recuperar el dinamismo económico.

En ese contexto, las medidas de corto plazo son necesarias. El anuncio de subsidios a la contratación, la coordinación con regiones y la posibilidad de acelerar proyectos intensivos en mano de obra muestran que existe conciencia de la urgencia. Es positivo que el Estado utilice herramientas disponibles para empujar la generación de empleo en el corto plazo. Un subsidio bien implementado puede ser un puente relevante para empresas que dudan en contratar y para personas que llevan tiempo buscando una oportunidad.

Pero ningún subsidio, por necesario que sea, resuelve por sí solo el problema estructural. Puede ayudar a abrir una puerta, pero no garantiza que esa puerta conduzca a un mercado laboral sostenible. Chile necesita reaccionar, pero también necesita construir.

Algo parecido ocurre con la discusión sobre la jornada laboral y la posibilidad de extender el período de cálculo del promedio de horas. La sola mención de una distribución distinta de la jornada generó una reacción inmediata, porque el debate se politiza y se polariza. Para algunos, cualquier adaptabilidad es precarización. Para otros, cualquier regulación es rigidez. Pero una conversación seria exige salir de esa lógica binaria.

Quizás la palabra que mejor describe este momento no es solo desempleo, sino desacople. Desacople entre actividad económica y creación de empleo. Desacople entre personas que quieren trabajar y oportunidades formales disponibles. Desacople entre capacitación y habilidades requeridas. Desacople, también, entre la organización social de los cuidados y la posibilidad concreta de que más mujeres entren, permanezcan y progresen.

Al parecer, estamos todos de acuerdo en que, sin crecimiento sostenido, no habrá recuperación laboral robusta. Pero el crecimiento, por sí solo, ya no parece ser suficiente. La economía puede moverse y, aun así, no generar puestos de trabajo al ritmo ni con la calidad que el país necesita.

En el caso de las mujeres, esta realidad es especialmente evidente. Muchas veces se habla del empleo femenino como si dependiera únicamente de la decisión individual de trabajar. Pero hay una dimensión anterior que es la posibilidad real de hacerlo. Cuando las responsabilidades de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, el mercado laboral parte desde una desigualdad estructural.

Por eso, políticas como sala cuna, educación inicial y cuidado extraescolar no deberían mirarse solo como agenda social. Son también infraestructura económica. Sin ellas, muchas mujeres quedan fuera del trabajo formal, aceptan empleos más precarios o reducen sus jornadas no por falta de talento, sino por falta de condiciones. Un país que desaprovecha ese capital humano renuncia a una fuente fundamental de crecimiento.

Algo similar ocurre con la formación de habilidades. Chile no puede seguir midiendo el éxito de la capacitación solo por la cantidad de cursos impartidos. La pregunta relevante es si esa capacitación mejora la empleabilidad, responde a vacantes reales y permite transitar hacia trabajos formales. Capacitar sin conexión con la demanda laboral es otra forma de desperdiciar recursos y expectativas.

El desempleo exige urgencia, pero también exige ir más allá de respuestas parciales. Mirar el sistema completo permite entender que el empleo no se decreta ni se improvisa. Tal vez esa sea la principal lección de esta coyuntura. Las medidas inmediatas importan, porque hay personas que no pueden esperar. Pero lo decisivo será si somos capaces de transformar esa urgencia en una política de Estado que vuelva a conectar a las personas con oportunidades. Porque cuando el empleo no logra conectar, no solo pierde quien busca trabajo, pierde también el país.

*La autora de la columna es abogada y directora de empresas