“Por qué me convertí en delincuente” es el título del artículo publicado en noviembre de 1971 en revista Paula, en el que Alfredo Gómez Morel relata en primera persona su particular biografía con un detalle mayor al de su célebre novela El Río (1962), que hoy sería etiquetada como una obra de “autoficción”. En la nota de revista Paula el autor describe una marginalidad poblada de niños y adolescentes huachos desharrapados, hambrientos y despiadados, que delinquían para cobrarse de una vida de pobreza, violencia y abuso. Un ojo por ojo, diente por diente sostenido en el tiempo y tolerado por la sociedad como se hace con un margen de error o un daño colateral que la mayor parte del tiempo permanecía escondido bajo los puentes o disimulados por los sauces que crecían en los islotes que se formaban en el río Mapocho: un torrente de agua turbia habitado por una columna de miseria.

La vida de Gómez Morel comienza con el abandono. El padre, Agustín Gómez, era un hombre casado que vivía en Santiago, hijo de un diputado. Durante un viaje de campaña política a Punta Arenas, Gómez conoció a Catalina Morel, quien fruto de ese encuentro queda embarazada. Pasado un tiempo, la mujer viaja a Santiago a enfrentar a Gómez para que la ayude, y él la envía a la casa de una conocida en San Felipe, en donde finalmente da a luz en una fecha indeterminada de 1917. Tres meses más tarde, Catalina abandona al niño a la entrada de un conventillo. En adelante, el niño viviría de manera intermitente, en casas de familiares postizos, orfanatos e internados, para acabar en la calle y en el río, en donde aprende a delinquir: “Una tarde robé un paquete del interior de un automóvil, me sorprendieron y me enviaron a la Casa de Menores, ubicada en San Francisco. Entré en otro mundo”. Gómez Morel explica que en ese lugar conoció a “los choros”, los adolescentes más experimentados que sometían a todo tipo de abusos a los más pequeños. Cuenta, además, que el director del reformatorio intentó mejorar las condiciones de la institución, pero no recibió el apoyo político esperado: “Don Hugo Lea Plaza quiso imponer una técnica de recuperación y redactó un sesudo plan educativo que envió al ministerio. Creo que lo echaron por eso”.

Según Gómez Morel, el reformatorio funcionaba como una academia de perfeccionamiento para delinquir. Apenas pudo huyó, volvió a robar, lo detuvieron, regresó a la Casa de Menores, volvió a fugarse y regresó al encierro: “Por mi cabeza empezaron a merodear muchos odios y desencantos. No tenía ningún deseo de poner marcha atrás”. Si la Casa de Menores fue una academia, la cárcel a la que finalmente Gómez Morel iría a parar fue su universidad.

Aquel artículo escrito hace 55 años podría pasar por un testimonio de actualidad con algunos ajustes tales como el poder alcanzado por las organizaciones criminales, el consumo de drogas, las actuales zonas consideradas periféricas y los niveles de violencia usados por los delincuentes. Ha cambiado el modo en el que se expresa la delincuencia entre los adolescentes, pero el abandono persiste como el origen de todo lo que vendrá después.

La madrugada del 23 julio, Alejandro Águila, de 12 años, murió de manera espantosa, arrastrado por el auto que le fue arrebatado a su familia por una banda de delincuentes. Entre los detenidos por el hecho hubo dos menores de 18 años. La muerte de Alejandro Águila reconcentró la atención en los delitos violentos que cada vez con mayor frecuencia involucran a adolescentes y niños, quienes enfrentan penas diferentes a las que se aplican a los adultos. La respuesta inmediata de algunos sectores políticos ha sido proponer rebajar la edad de responsabilidad penal, montándose sobre la ola de indignación que provoca la muerte de un niño y el dolor de una familia que, naturalmente, espera el peor castigo posible para los responsables. ¿Quién no querría eso? Pero el trabajo de los legisladores no es estrujar las emociones de la opinión pública ofreciéndoles falsas soluciones inmediatas para luego posar de un liderazgo que no es otra cosa que aprovechamiento, porque bajar la edad de responsabilidad penal es volver a disimular el problema de fondo. En una columna publicada en La Tercera, Hernán Larraín, el exministro de Justicia, detalla los avances logrados con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente actual y los vacíos que existen para atender a infractores de la ley menores de 14 años, enumerando elementos -deserción escolar, tramos de edad, factores de formación- que el populismo penal suele pasar por alto. Larraín amarra su reflexión señalando que en aquellos estados de EE.UU. en donde intentaron frenar la delincuencia entre menores de edad juzgándolos como adultos no lograron reducir la reincidencia, todo lo contrario, la aumentaron: “Los jóvenes procesados en el sistema adulto reinciden entre un 30 por ciento y un 50 por ciento más que los que permanecen en el sistema juvenil”, explicaba el exministro. No es buenismo ni cobardía oponerse a las consignas fáciles, es abordar los fenómenos complejos con conocimiento, responsabilidad e inteligencia. Basta cruzar cifras para entender que algo está crujiendo en este asunto: en 2024 por primera vez ingresaron más niños y adolescentes al Servicio Nacional de Protección Especializada (156 mil) que el número total de nacimientos en el país (135 mil). En circunstancias demográficas como las actuales, con un descenso sostenido de los nacimientos, este último dato obliga a encarar que el desamparo de miles de niños ya no es un mero rasgo cultural de la pobreza que puede disimularse con una metáfora, sino que se parece más a una cuenta regresiva de un arsenal esparcido en los bordes de las ciudades, un campo minado que puede estallar en cualquier momento, hiriendo o matando. La proporción de niños criados en el abandono, entre garrotazos, maltrato y depravación es demasiado grande como para que el crimen organizado no se aproveche de ellos como carne de cañón, y demasiado contundente como para que la única respuesta posible desde el Estado sea la cárcel.