El debate sobre el Proyecto de Reconstrucción ha dado origen a críticas desde dos ámbitos: la sostenibilidad fiscal de la iniciativa y su impacto en el crecimiento económico.

Respecto de lo primero, distintos analistas y organismos han planteado sus aprensiones respecto de los efectos de largo plazo que el proyecto puede tener en las finanzas públicas, y por tanto en su discusión habrá que ponderarlas en su mérito e introducir los ajustes que sea necesario para compatibilizar las propuestas con el compromiso fiscal que asuma el gobierno hasta el año 2030. Pero lo que no se puede perder de vista en ningún momento es que aumentar la tasa de crecimiento es un imperativo para la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Si no se introduce un impulso fuerte al crecimiento y la economía chilena sigue expandiéndose a un ritmo promedio de 2 por ciento anual, la baja recaudación tributaria en la que ello se va a traducir inevitablemente va a tener como contrapartida un aumento en la deuda pública, la que en pocos años excedería el límite “prudencial” que se ha establecido. Los efectos negativos que esto tendría en la clasificación de riesgo de la deuda chilena se traducirían en un mayor costo de financiamiento tanto para el Estado como para las empresas, con un evidente impacto negativo en la inversión y en la creación de empleos.

En cuanto al impacto sobre el crecimiento económico que tendrían las medidas centrales contenidas en el proyecto, los críticos de la iniciativa enfatizan que no hay evidencia de que el tema tributario sea el factor determinante para impulsar el crecimiento. Habiendo distintas opiniones sobre este tema, el informe financiero del proyecto se apoya en las conclusiones emanadas de la Comisión Marfán, en la cual se ponderó la distinta evidencia disponible. Pero más allá de lo que se pueda desprender de los trabajos académicos, es importante mirar el mundo real: cuando Irlanda decidió bajar la tasa de impuesto corporativo a 12,5 por ciento, los demás países europeos la acusaron de “competencia desleal” para atraer inversiones. Qué mejor prueba de que la competitividad tributaria en esta materia sí importa. En la crítica, se señala también que no hay en el proyecto medidas que apoyen la productividad y la innovación, factores clave para el crecimiento futuro. El punto es que las medidas tributarias que se propone, sumadas al impulso a la inversión que va a derivar de las medidas propuestas en materia de permisos, son las condiciones habilitantes para que todo lo demás se pueda desarrollar, lo que incluye la creación y adaptación de nuevas tecnologías así como nueva inversión privada en I+D que permita aumentar el conocimiento que se requiere para expandir las industrias con mayor potencial. En definitiva, de lo que se trata es de que el Estado actúe como agente facilitador para que el emprendimiento innovador pueda desplegarse, y con ello la productividad y el crecimiento, todo lo cual forma parte del corazón del Proyecto de Reconstrucción.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. del Desarrollo