Por Haroldo Dilla Alfonso, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat

La clase política chilena solo mira las fronteras cuando afloran los incidentes contenciosos. Habría que reconocer que lo hace con alguna frecuencia, pues conflictos fronterizos nunca nos faltan, como sucede ahora con el tema de la plataforma oceánica que compartimos con Argentina.

Tomo este último asunto como pretexto, pero no como tema, para escribir este artículo. Espero, como la mayoría de los chilenos, que esta colisión quede resuelta según normas del derecho internacional y en función de la necesaria y fructífera convivencia de ambas naciones. Un grupo transversal de senadores se ha pronunciado por conversaciones, y es positivo, pero insuficiente, sencillamente porque asuntos como el diferendo chileno/argentino es una de las puntas de un iceberg sostenido por décadas de omisiones, equívocos y posturas vergonzantes frente a una realidad fronteriza que excede con mucho la simple cuestión limítrofe.

Lo que me interesa analizar es el tremendo atraso que muestra la institucionalidad chilena en relación con las fronteras que existen hoy en este siglo XXI, y que la sitúa en uno de los peores lugares continentales. Incluso, el atraso de un discurso dominante que cuando menciona fronteras en realidad solo habla de límites, es decir, de delimitaciones territoriales, sin tener en cuenta la complejidad sociocultural, económica, política y ambiental de las franjas en que se asientan sociedades locales ligadas a esas fronteras. En muchos casos conformadas por pueblos originarios que quedaron divididos por las demarcaciones nacionalistas.

Veamos algunos datos. La actual Constitución chilena no menciona una sola vez las fronteras, y ciertamente ninguna lo ha hecho en la historia nacional. La única organización estatal que se encarga de las fronteras es una oficina técnica asesora llamada la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), yacente en la Cancillería, con poderes muy limitados y cuya misión se define casi igual a como lo hicieron sus creadores durante el gobierno de Eduardo Frei (padre) hace seis décadas. Tampoco existe una ley de desarrollo fronterizo, y no hay nada parecido a un régimen específico político y fiscal para estas regiones (por ejemplo, a nivel municipal). Los pocos intentos de concertación transfronteriza -el caso de los Comités de Desarrollo e Integración Fronteriza- son controlados centralmente y son insuficientes para asumir la complejidad de las interacciones que ocurren en estos lugares.

Chile necesita una visión renovada sobre sus fronteras. Ante todo, construir la percepción de ellas como espacios nacionales cuyas dinámicas incluyen intensas relaciones transfronterizas determinadas por los contactos sociales, las conveniencias económicas y las comparticiones ambientales y culturales. Y que no se pueden seguir reduciendo a límites internacionales y al asomo de temas contenciosos. Es necesaria una legislación que asuma la especificidad de estas sociedades en función del desarrollo, y que les compense en términos fiscales por todas las externalidades negativas que deben asumir. Es también necesaria una organización más adecuada, desde el centro -donde la Difrol debe ceder espacio a una Dirección de Desarrollo Fronterizo- hasta el ámbito local, donde es imprescindible la consagración de un régimen municipal fronterizo. Y obviamente conjugar todo ello con la existencia de pueblos originarios que habitan las franjas aledañas a los límites nacionalistas. Si necesitáramos una ilustración gráfica de lo que afirmo, diría que necesitamos un régimen fronterizo que permita que las relaciones entre Tacna y Arica (con sus economías interconectadas y sus siete millones de cruces de personas anuales) no sea un asunto exclusivo entre Lima y Santiago, sino un tema que también puedan dirimir los actores locales, obviamente en el marco de sus respectivas jurisdicciones nacionales.

Si hay algo positivo en el nuevo conflicto con Argentina es que ha obligado a mirar a nuestras fronteras en medio de un proceso constituyente que debe tomar nota de este asunto, como un primer paso para andar un camino institucional imprescindible. Para ello existen referentes avanzados -con sus logros y fracasos- en otras latitudes, incluyendo a América Latina. Se trata de tomar este asunto por su lado provechoso, pues finalmente toda frontera es un cúmulo de problemas y de oportunidades. La buena política potencia estas últimas y minimiza los primeros. Me temo que en Chile hemos estado haciendo lo opuesto.

Requerimos una buena política de fronteras.