La modernización del Estado es uno de esos conceptos del que siempre se habla, pero poco se avanza. Después de años de deterioro en las finanzas públicas, en este nuevo ciclo político, ha cobrado un renovado impulso de la mano del necesario ajuste fiscal. En efecto, el actual gobierno ha asumido la ingrata tarea de proponer reducciones de gasto, desvinculaciones de funcionarios públicos de mal desempeño y ajustes o término de programas públicos mal evaluados. Más recientemente se ha sumado a la agenda la reducción de ministerios. La oposición, por su parte, ha caricaturizado estas iniciativas como un desmantelamiento del Estado. ¿Modernización o desmantelamiento?

Para que recortes, desvinculaciones y ajustes de programas públicos mal evaluados -todas acciones necesarias– merezcan el rótulo de modernización del Estado, debieran estar acompañados de reformas más estructurales a la institucionalidad pública, en al menos 3 aspectos fundamentales: sistema político, proceso regulatorio y régimen de empleo público, 3 engranajes críticos para que el Estado funcione mejor.

La necesidad de reformar el sistema político-electoral ya está archi diagnosticada e incluso muchos de sus contenidos gozan de consenso técnico. Sin embargo, los intereses de los incumbentes del sistema han sido la gran barrera para emprender estos cambios. Tanto de las Pymes políticas que deben su existencia al actual sistema político-electoral, como paradójicamente también de los grandes partidos políticos –tanto oficialistas como de oposición- que requieren de los votos de los primeros para avanzar en sus agendas.

Una segunda reforma que se debate menos es la necesaria modernización del proceso de discusión, diseño, aprobación y evaluación de nuevas políticas públicas, sean estas a través de leyes, reglamentos, oficios o programas públicos. Son evidentes las grandes falencias del actual proceso regulatorio para incorporar evidencia, experiencia comparado e incluso la opinión de los agentes regulados en el diseño de políticas públicas. Son claras la disparidad de estándares de los estudios de impacto regulatorio (en las finanzas públicas o en la economía) que acompañan a los diversos proyecto de ley. Finalmente, es notoria la ausencia de una evaluación ex post incidente de políticas públicas ya implementadas.

Pero mejorar el sistema político de manera que recupere su capacidad para acordar reformas de largo plazo, y el proceso regulatorio para que ellas estén mejor diseñadas y luego sean evaluadas; quedará en nada si no se mejora la capacidad del Estado para implementarlas con el estándar de eficacia y eficiencia que merecen los ciudadanos. Y ello pasa por las personas que trabajan en el Estado, y, sobre todo, por modernizar el régimen de empleo público que regula todo su ciclo laboral: la selección, contratación, evaluación, promoción y desvinculación.

Sin estos 3 eslabones de la institucionalidad pública funcionan mal, no hay gobierno ni medida de gestión que puedan generar cambios que perduren en el tiempo. Es sorprendente que la política y el debate público naturalicen que reformas fundamentales como las mencionadas, siempre terminan postergándose.

Por Soledad Hormazábal, Horizontal