¿Se imagina si a mitad de año el colegio de nuestros hijos cerrara, obligándonos a improvisar alternativas de educación? ¿O si estando a punto de finalizar un largo trabajo, alguien le dijera que lo deje hasta ahí, que ya no importa? ¿O si nuestro banco nos informara un cambio unilateral de un crédito hipotecario porque variaron las condiciones?

Sería un caos, al hacer imposible una planificación personal, familiar o profesional más allá del corto plazo.

Lo que parece absurdo en la vida real ya tiene preocupantes atisbos de estar ocurriendo cada vez más a escala de ciudad. A las extensamente comentadas suspensiones del tercer tramo de la ciclovía de Alameda Providencia y de la segunda fase del GAM, se suman los días de incertidumbre generados por un anuncio inicial del gobierno de no entregar el presupuesto para la mantención del Parque Cerro Chena en San Bernardo, decisión que finalmente fue revisada después de la presión ciudadana y autoridades comunales ante algo que parecía particularmente sensible para la promoción de la equidad urbana.

No queda sino esperar el avance positivo del recién anunciado “Protocolo Chena”, que buscará viabilizar el financiamiento para la mantención de este pulmón verde de la zona sur de Santiago. Pero nunca debimos llegar a este punto, porque nos guste o no, las ciudades bien planificadas se construyen en el largo plazo. Esto significa que una obra relevante puede ser planeada por una administración, ejecutada por otra y mantenida por las siguientes. Eso es lo que se ha logrado con la consolidación de la red de parques que administra el Minvu en todo Chile, y lo que estaba sucediendo con el eje Alameda y tantos otros buenos ejemplos de proyectos urbanos que han permanecido como políticas de Estado. Es lo que estuvo a punto de dejar de pasar con el Cerro Chena.

Que este caso sirva de reflexión sobre lo que ocurriría en proyectos urbanos de largo aliento si a mitad de camino cambiamos las condiciones presupuestarias, por atendibles que sean las preocupaciones presupuestarias. ¿Quién confiaría en el largo plazo si las carteras sectoriales cierran flujos ya comprometidos, o si gobiernos locales incumplen convenios de transferencias, o si autoridades sobrecomprometen proyectos que vayan más allá de la prudencia fiscal?

Promover el respeto de reglas y acuerdos en lo macro, pero obviarlos en lo micro, arriesga generar tal nivel de incertidumbre en planificación urbana, que el costo lo pagarán necesariamente quienes más dependen de la intervención del Estado, justamente las familias más vulnerables, que son las que habitualmente presentan los peores accesos a infraestructura, servicios o áreas verdes.

Pero aún, avanzar para luego desdecirse podría fomentar una mirada cortoplacista para planificar la ciudad, impactando en un crecimiento urbano desregulado, con más congestión vehicular y menos áreas verdes, profundizando inequidades territoriales y a largo plazo potencialmente aumentando costos cuando se tomen nuevas decisiones desde cero.

Si dañamos algo tan básico como la confianza en los acuerdos de mediano y largo plazo, no habrá alianza duradera ni proyectos memorables, ni ganas de fortalecer alianzas público-privadas que posiblemente hoy se necesitan más que nunca. No nos extrañemos entonces si en el 2036, el Índice de Calidad de Vida Urbana nos vuelve a revelar lo poco que avanzamos en una década en el bienestar de las personas y comunas de Chile.

Por Martín Andrade Ruiz-Tagle, director ejecutivo Corporación Ciudades